La Justicia pidió una pena de diez años de prisión para Maximiliano Cabaleyro, un influyente sindicalista del gremio de Camioneros y exconcejal del Frente de Todos en San Nicolás. La solicitud se enmarca en un juicio que lo investiga por el bloqueo a una planta distribuidora en San Pedro, ocurrido en febrero de 2021. La medida de fuerza habría sido una represalia directa ante la negativa de los dueños de la empresa a pagar supuestas «coimas».

Las acusaciones contra Cabaleyro son graves e incluyen delitos como turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. Estos hechos, según la investigación, se habrían perpetrado de forma sistemática entre 2017 y 2021 contra la empresa Rey Distribución. Los propietarios de la firma denunciaron reiterados «pedidos de coimas» para poder operar sin inconvenientes. Al negarse a abonar un «canon» exigido, los gremialistas habrían ejecutado el bloqueo que derivó en la causa judicial.

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, quienes lideraron la investigación, no solo solicitaron una década de prisión efectiva, sino también diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, la representación legal de los hermanos Rey, a cargo de la Asociación Anti Bloqueo y la abogada Florencia Arietto, elevó el pedido a 15 años de cárcel. Otros seis extrabajadores de la planta también están imputados, con pedidos de tres años de prisión de ejecución condicional. En la causa, otro dirigente gremial, Fernando Espíndola, señalado como el «recaudador», optó por un juicio abreviado y acordó una pena máxima de seis años, pendiente de homologación.

Durante el proceso judicial, que se extendió por una semana en el Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, Ariel Rey, uno de los dueños de la distribuidora, brindó detalles escalofriantes del conflicto. Relató cómo Espíndola le habría dicho en 2017: «Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro». Ante la negativa a seguir pagando, el bloqueo a la planta se concretó entre el 22 y el 26 de febrero de 2021, causando un perjuicio económico estimado en $13.500.000, equivalentes a unos 140 mil dólares de la época.

Un punto de tensión en el juicio fue la declaración del actual intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, quien había intentado intervenir para destrabar el conflicto. Se reprodujo en la sala un audio de una conversación telefónica con Cabaleyro, donde Zalazar le afirmaba al sindicalista haber dado la orden a la policía de no dejar constancia de una supuesta «obstrucción» en la planta, a pesar de que la fiscalía ya había ordenado el desalojo. El intendente no pudo justificar su pedido al comisario local para que no se labraran actas.

El veredicto final de este resonante juicio se espera para el próximo miércoles 14, cuando se conocerá la decisión del Tribunal sobre el futuro de Maximiliano Cabaleyro y los demás imputados.

Fuente original: Clarín