El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, denunció públicamente al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por la adopción de medidas que, según sus declaraciones, vulneran los derechos humanos, la Constitución de 1991 y la estructura democrática.

La manifestación fue compartida mediante un video publicado en su cuenta en la red social X durante la atención a la emergencia ocasionada por el terremoto en el país, que tuvo una magnitud de 7,4.

Entre los puntos expuestos por el parlamentario destaca la postura de la administración nacional ante la justicia penal internacional. El congresista advirtió que el Gobierno estaría considerando seguir instrucciones externas para evaluar la continuidad de Colombia en el Estatuto de Roma.

Cepeda cuestionó que, mientras el país está concentrado en atender a las víctimas y damnificados del terremoto, el Gobierno de De la Espriella estaría impulsando medidas que, según él, vulneran “los derechos humanos, la Constitución y la democracia”.

El congresista también señala que el Gobierno estaría dispuesto a “acatar dócilmente” una orden del secretario de Guerra de Estados Unidos, relacionada con que varios países renuncien a la Corte Penal Internacional , petición que, según Cepeda, fue planteada en Panamá el 12 de agosto.

En el mismo pronunciamiento, el legislador cuestionó la postura del jefe de Estado frente a dirigentes internacionales y la llegada de misiones militares extranjeras en el marco de las labores humanitarias.

Cepeda señaló que el presidente mantiene declaraciones favorables hacia el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y advirtió sobre la presencia de tropas de ese país en el territorio nacional sin que se conozcan los propósitos específicos de su despliegue en la zona de desastre.

El segundo eje de la denuncia de Iván Cepeda se centró en las decisiones administrativas adoptadas respecto a los canales de comunicación oficial en las regiones afectadas históricamente por el conflicto armado.

El senador sostuvo que la dirección del sistema de medios públicos ordenó la suspensión de las emisiones de las estaciones creadas en el marco de los acuerdos de paz.

El congresista enfatizó el papel que cumplen estas cadenas radiales en la difusión de pedagogía, información local y acompañamiento a las comunidades territoriales.

Según Iván Cepeda, la dirección del sistema de medios públicos suspendió la emisión de las estaciones comunitarias, incurriendo en un “acto de censura violatorio del artículo veinte de nuestra Constitución”. El congresista enfatizó que se trata de “medios de comunicación que son producto de un acuerdo de paz y que están protegidos por la Constitución”.

El pronunciamiento destaca la función indispensable de estas frecuencias en los territorios más afectados por la violencia. De acuerdo con lo sostenido, las 20 emisoras “han cumplido un papel fundamental”, pues “dan información, permiten hacer pedagogía, llevan comunicación a lugares en los cuales hasta hace poco ha habido un conflicto armado y violencia intensa”.

El tercer aspecto abordado en la declaración pública se refiere a la política energética y ambiental del Ejecutivo. Cepeda advirtió sobre el inicio de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en los ecosistemas de páramo mediante el uso de técnicas como la fracturación hidráulica o fracking .

El congresista resaltó el valor ambiental de estas zonas de reserva hídrica y rechazó la intervención en áreas catalogadas como patrimonio natural.

Una denuncia advierte sobre los planes gubernamentales para habilitar la extracción de hidrocarburos y minerales en ecosistemas de alta montaña. Según la declaración, el “gobierno de De La Espriella considera que eso debe ser sacrificado a cambio de obtener la explotación más voraz y depredadora de nuestra riqueza natural”, alertando que la implementación de esta medida se realizaría “a través del fracking” .

El pronunciamiento enfatiza el riesgo ambiental inminente para estas áreas estratégicas, señaladas como fundamentales para el abastecimiento hídrico del país.

De acuerdo con lo sostenido, los páramos “son fábricas de agua y son considerados un patrimonio de la humanidad”, por lo que su intervención minero-energética representaría un “gravísimo atentado” contra una reserva hídrica de relevancia “no solamente nacional, sino mundial”.

Al cierre de su pronunciamiento, el senador del Pacto Histórico comparó las reacciones generadas en meses anteriores frente a las propuestas de la administración saliente con el tratamiento actual de las decisiones del Ejecutivo.

Fuente original: Infobae

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