A pocos días del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, desde algunas instituciones aseguran que la administración anterior habría buscado maniobrar algunos contratos para efectos del nuevo periodo.

Así lo denunció Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg, asociación que reúne a escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a trabajadores de la seguridad privada. El funcionario advirtió sobre la adjudicación de un contrato por más de 22 mil millones de pesos a una sola empresa para la provisión de vehículos convencionales, pese a que la normativa establecía que, por licitación, solo podía adjudicarse una zona.

“Aparecen dos zonas adjudicadas a una misma empresa. Empresa que se ha encontrado en muchas controversias. Le pedimos que investigue esto”, reclamó el dirigente.

De acuerdo con Gallo, se trataría de un proceso irregular que se gestó antes del cambio de administración, particularmente en el Ministerio del Interior.

Infobae Colombia conoció el documento que sustenta la resolución de la adjudicación del contrato, que se oficializó el 14 de agosto de 2026 por más de $22.590 millones de pesos colombianos. El proceso corresponde al concurso abreviado PSA-UNP-066-2026 y busca proveer, por alquiler, vehículos convencionales para los programas de prevención de la UNP.

El monto global, que incluye IVA y todos los cargos, equivale a la suma oficial prevista en el plan de adquisiciones anual.

Ese documento sostiene que, de hecho, el proceso estuvo atravesado por cuestionamientos internos y fue resuelto en medio de un fuerte debate sobre la aplicación estricta de las reglas de selección y la igualdad entre competidores.

La resolución firmada Rodrigo Lara Restrepo repartió el presupuesto oficial entre dos empresas principales:

La licitación preveía que cada empresa solo podía presentar propuestas para un máximo de dos grupos de los tres disponibles. Este punto, establecido en el pliego y citado como fundamental para garantizar la pluralidad de contratistas, fue el mayor foco de tensión.

El caso más relevante fue el de Neorenting SAS, que envió propuestas para los tres grupos, superando el límite permitido. Aunque esta empresa obtuvo el puntaje técnico y económico más alto en los grupos principales (1 y 2), su sobreparticipación generó un debate jurídico sobre las consecuencias y la equidad del proceso.

Desde Analtraseg se solicitó que el nuevo ministro revise el proceso de selección abreviada y verifique la legalidad de los contratos designados en los últimos días de la gestión anterior.

“Verifique ese contrato, verifique ese proceso de selección abreviada que usted firmó y mire si lo que firmó está bien. Solamente le digo eso. No podemos estar de acuerdo con un proceso donde se lo lleva casi todo una empresa ”, declaró Gallo.

Por ende, el sindicalista dirigió su mensaje al nuevo jefe de la cartera del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, para advertirle posibles maniobras de funcionarios vinculados al gobierno saliente.

“Le cuento, no le crea cuando le lleven papeles a firmar. Yo sé que usted desconoce porque lleva días, no lleva un mes, lleva días y no está atento al cien por ciento porque una de sus funciones es la UNP, pero no es la definitiva ”, expresó el líder sindical.

Gallo también recordó antecedentes de presunta corrupción en la entidad, con la mención de una denuncia previa sobre un intento de adjudicación irregular por 3.000 millones de pesos. En esa ocasión, según su testimonio, la acción sindical habría evitado la concreción del contrato.

“No nos dejemos meter los dedos en la boca, señor ministro, con todo el respeto con esta gente y ataquemos la corrupción de raíz. Todavía estamos a tiempo”, agregó.

Fuente original: Infobae

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