La relación entre Guatemala y Nicaragua llegó a un nuevo punto de quiebre luego de que el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez saliera a cuestionar abiertamente al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus declaraciones, recogidas por el diario nicaragüense La Prensa, encendieron las alarmas en Managua y generaron una respuesta oficial inmediata.
En una entrevista con el periódico español El País, Martínez fue contundente: aseguró que Guatemala se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Nicaragua y remarcó que la posición de su país es clara y sostenida en el tiempo. Además, confirmó que actualmente no existe un embajador guatemalteco en Managua, lo que refleja el deterioro del vínculo bilateral entre ambas naciones.
«Creemos que es un régimen que pasa por encima de su población», afirmó el canciller, quien también destacó que Guatemala ha denunciado a Nicaragua en distintos foros, tanto regionales como internacionales. A pesar de ello, aclaró que el vínculo diplomático formal no está roto, aunque se sostiene sin representación directa en el terreno.
Martínez también aprovechó la ocasión para alertar sobre el avance de tendencias autoritarias en toda Centroamérica. En ese sentido, defendió a la democracia como el sistema más abierto y participativo que existe, pese a reconocer que atraviesa serias dificultades en la región.
Sus palabras se suman a las advertencias de analistas como Gustavo Araya, politólogo de la Universidad de Costa Rica, quien viene señalando que algunos países de la región muestran señales preocupantes de debilitamiento institucional, incluso detrás de fachadas democráticas.
El trasfondo de esta tensión tiene un episodio concreto: en septiembre de 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo recibió en su territorio a 135 presos políticos nicaragüenses que habían sido liberados y expulsados por el régimen de Ortega. La operación fue impulsada por Estados Unidos, que aplicó presión tanto pública como privada sobre Managua durante meses.
El entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, explicó que la liberación se concretó por razones humanitarias y dejó en claro que ningún ciudadano debería enfrentar la cárcel por ejercer derechos básicos como la libertad de expresión o de culto. Según fuentes del gobierno estadounidense, Nicaragua no recibió ninguna concesión a cambio y la operación fue catalogada como «una acción unilateral».
Desde Managua, la respuesta no tardó en llegar. La cancillería nicaragüense calificó las declaraciones de Martínez de irrespetuosas e injerencistas, y sostuvo que Nicaragua jamás ha interferido en los asuntos internos de otros países ni ha opinado sobre las crisis que Guatemala atravesó a lo largo de su historia.
El régimen de Ortega y Murillo, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en su país, materia en la que enfrenta señalamientos internacionales por crímenes de lesa humanidad y por negarse a dar explicaciones sobre la represión a la sociedad civil. Al cierre de marzo de 2026, Nicaragua contaba con al menos 47 personas reconocidas como presas políticas, de acuerdo con el mecanismo de seguimiento citado por La Prensa.
Fuente original: Infobae