El gobierno argentino anunció el retiro de la reforma a la ley de Barrios Populares del proyecto de propiedad privada en el Senado, tras fuertes críticas de la Iglesia Católica, organizaciones sociales y advertencias de bloques aliados sobre posibles desalojos. La medida, impulsada por La Libertad Avanza, busca evitar un retroceso en la integración urbana y el acceso a derechos básicos.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se enfocará ahora en consensuar el punto sobre la anulación de restricciones para que extranjeros compren tierras, un tema que también generó rechazos. La reforma original, que regulaba el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP), permitía regularizar viviendas, suspender desalojos y fijar condiciones para el uso de inmuebles.
La propuesta libertaria buscaba trasladar la gestión de viviendas a municipios y provincias, derogando la suspensión de desalojos por 10 años. Sin embargo, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, condenó la iniciativa, destacando que ‘no hay palabra que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo que el concepto ‘sin hogar’.’
El gobierno aceptó eliminar el capítulo de reforma de la ley 27.453, que había permitido un régimen especial para regularizar propiedades en barrios populares. La decisión refleja un intento de equilibrar las demandas de protección de derechos con las posiciones de los partidarios de la propiedad privada.
La controversia subraya la tensión entre políticas económicas y sociales en Argentina. Mientras se busca modernizar el marco legal, las voces de la Iglesia y organizaciones sociales insisten en la necesidad de garantizar condiciones dignas para las familias vulnerables, cuestionando si el enfoque actual prioriza derechos humanos o intereses económicos.