Los trabajadores del prestigioso Hospital Garrahan expresaron su enérgico rechazo a la reciente disposición del Gobierno Nacional que establece el cobro de aranceles por la atención médica a pacientes extranjeros no residentes. La medida, que implicaría costos cercanos a los 500 mil pesos, ha sido calificada de “xenófoba” y, según los profesionales, vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, sentando un peligroso precedente para el futuro de la salud pública en el país.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, se enfatizó que la decisión no responde a ninguna necesidad económica real. Argumentan que la atención de pacientes extranjeros representa apenas el 0,36% del total, lo que significa que su impacto financiero en el hospital es prácticamente insignificante. Por ello, consideran “absolutamente insostenible” justificar un cobro de casi medio millón de pesos con argumentos presupuestarios.

El fundamento legal de su oposición es contundente: el derecho a la salud de los menores no puede ser condicionado por la situación migratoria de sus familias. Remarcan que la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, obliga al Estado a garantizar el acceso a la atención sanitaria sin discriminación. Además, citan la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, que garantizan asistencia sin distinciones.

Los trabajadores advierten que esta política no solo afecta a los niños, sino que también sienta una base para futuras restricciones. Temen que hoy se condicione la atención a extranjeros y mañana se avance sobre residentes de otras provincias, personas sin obra social o cualquier otro sector vulnerable. Para ellos, es un paso claro hacia la privatización de la salud pública, al instalar la idea de que la atención sanitaria es un servicio pago y no un derecho que el Estado debe garantizar.

En su mensaje final, los profesionales del Garrahan subrayaron la importancia de defender el carácter público, gratuito, universal y accesible del hospital para todas las infancias. Concluyeron que no se puede permitir que una barrera económica o administrativa determine qué niño recibe atención médica y cuál no, recalcando que la salud de los chicos no debe convertirse en un privilegio.

Fuente original: Chaco Día por Día