Un importante jefe de la Policía Federal Argentina fue detenido en Córdoba, acusado de graves irregularidades que incluyen el presunto robo de dinero y hasta cachorros de pitbull durante procedimientos antinarcóticos. El comisario Alejandro Falcón, quien se desempeñaba como titular de la división de Drogas Peligrosas de la delegación local, enfrenta una investigación por hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas, generando un fuerte impacto institucional.

La detención de Falcón se concretó la semana pasada, y la causa está en manos del fiscal federal Maximiliano Hairabedian y el juez federal Carlos Ochoa. Además del comisario, otros tres efectivos policiales están imputados en el expediente, aunque por el momento permanecen en libertad mientras se profundiza la pesquisa para determinar su grado de participación en los hechos. La Justicia Federal busca establecer si estas irregularidades forman parte de un patrón sistemático.

Entre las acusaciones más llamativas, se investiga la sustracción de dos cachorros de pitbull durante un operativo antidrogas. A esto se suma el faltante de importantes sumas de dinero en distintos allanamientos. Asimismo, Falcón está imputado por peculado, un delito que sanciona el uso indebido de bienes del Estado. Los investigadores analizan un supuesto viaje personal a Rosario que el comisario habría realizado utilizando un móvil oficial y combustible de la fuerza, presuntamente para visitar a una pareja.

La investigación se inició a partir de dos denuncias clave: una de ellas provino de un particular que alegó haber sufrido el robo de dinero durante un procedimiento, y la otra fue realizada por una colega de la propia fuerza policial. Este último detalle añade una capa de complejidad al caso, sugiriendo cuestionamientos internos dentro de la estructura policial sobre la conducta de sus miembros. Falcón se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer y ha negado las acusaciones, mientras la Justicia define su situación procesal.

El fiscal Hairabedian ha solicitado prisión domiciliaria preventiva para el comisario, argumentando que otros empleados se negaban a declarar por temor a represalias. La gravedad institucional del caso radica no solo en los delitos imputados, sino también en el área sensible en la que se habrían producido, ya que la división antidrogas es crucial en la lucha contra el narcotráfico y cualquier sospecha de manipulación de pruebas o bienes incautados afecta directamente la credibilidad de los procedimientos judiciales.

Fuente original: Infobae