Un vehículo de alta gama fue el disparador de una serie de acusaciones que hoy sacuden a la política jujeña. Manuel Quintar, funcionario de la provincia, quedó en el centro de una polémica que va mucho más allá del auto: se lo señala por presuntamente haber direccionado prestaciones en beneficio propio o de terceros vinculados a su gestión.
Todo comenzó cuando trascendió públicamente que Quintar habría accedido a un Tesla, un automóvil eléctrico de lujo cuyo valor está muy por encima de lo que podría justificarse con un sueldo del Estado. La imagen del vehículo circuló en redes sociales y generó una reacción inmediata en la opinión pública y en la oposición local, que no tardó en pedir explicaciones.
Pero el escándalo del auto resultó ser apenas la punta del iceberg. A partir de esa exposición, comenzaron a surgir testimonios y denuncias que apuntan a irregularidades más profundas en el manejo de recursos públicos. Según las acusaciones, el funcionario habría intervenido para que determinadas prestaciones —cuya naturaleza específica está siendo investigada— fueran otorgadas de manera discrecional, sin seguir los procedimientos administrativos correspondientes.
Las denuncias fueron tomando forma en distintos ámbitos: desde sectores de la sociedad civil hasta referentes políticos que exigen que la Justicia intervenga y que se realice una auditoría exhaustiva sobre las decisiones tomadas durante su gestión.
Por el momento, Quintar no realizó declaraciones públicas contundentes que respondan punto por punto a las acusaciones. Desde su entorno se limitaron a desestimar las críticas, calificándolas de motivaciones políticas en el marco de un año electoral.
El caso pone una vez más bajo la lupa el funcionamiento de la administración pública en Jujuy y reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo del Estado provincial.
Fuente original: Página 12