Un escándalo sacude a Venezuela luego de que cinco efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedaran bajo la lupa judicial. Los agentes son investigados por la detención arbitraria de 33 hombres en un local de entretenimiento LGBTIQ+ ubicado en Barquisimeto, estado Lara. El operativo, que tuvo lugar el sábado, incluyó un allanamiento que diversas organizaciones no gubernamentales calificaron de ilegal y que, según denunciaron, estuvo acompañado de actos de extorsión. El Ministerio Público (MP) confirmó la apertura de una investigación penal.
Según los reportes de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencias LGTBIQ+, Caleidoscopio Humano y Movimiento Somos, los policías habrían acusado a los detenidos de “ejercer el delito de la homosexualidad”, una figura que, cabe destacar, no existe en la legislación venezolana. Los 33 hombres habrían sido retenidos por diez horas, sometidos a humillación pública y forzados a exponer su orientación sexual ante sus familiares y amigos, lo que constituye una grave violación a sus derechos.
Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público activó sus mecanismos de control interno, poniendo a los cinco agentes a disposición de la Fiscalía. Se designaron dos fiscalías especializadas en derechos humanos y diversidad de género para llevar adelante las pesquisas sobre el «presunto allanamiento y la ejecución de actos contrarios a la ética pública». Además, la Defensoría del Pueblo intervino, ofreciendo acompañamiento a las víctimas y comprometiéndose a seguir de cerca el caso. Este incidente pone de manifiesto la preocupante situación de derechos LGBTIQ+ en Venezuela, donde aún no se reconocen derechos fundamentales como el matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género.
Este episodio no es un hecho aislado. En julio del año pasado, un caso similar conmocionó a Valencia, estado Carabobo, cuando otros 33 hombres fueron arrestados en un spa privado bajo cargos de “ultraje al pudor”. Si bien la mayoría fue liberada tras fuertes protestas sociales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había expresado su preocupación por las “acciones arbitrarias” contra la comunidad LGBTIQ+ en el país. Las organizaciones de la sociedad civil exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para los responsables, en un claro llamado a detener la criminalización de la orientación sexual.
Fuente original: Infobae