El Partido Justicialista (PJ) de Salta se prepara para unas elecciones internas que prometen redefinir su liderazgo provincial. Tras la convocatoria del interventor judicial José Luis Napoleón Gambetta, se confirmaron 24 listas de postulantes para participar en el proceso de normalización ordenado por la Justicia Federal. Un dato que resuena en el ambiente político es la aparente ausencia de facciones vinculadas al kirchnerismo entre los sectores que buscan competir.
Los comicios están agendados para el próximo 2 de agosto y, según lo establecido, se mantendrá el cronograma original con la votación mediante boleta de papel, tal como lo requirieron las autoridades judiciales. En esta primera fase, las agrupaciones se dedicaron a la reserva de nombres, designación de apoderados y constitución de domicilios legales. Entre las veinticuatro propuestas, dos corresponden a la Juventud Peronista, mientras que el resto representa una amplia diversidad territorial, abarcando la Capital, el interior, el norte, el sur y el departamento Anta de la provincia.
Las próximas semanas serán cruciales. Tras la presentación de estas listas iniciales, se abre un periodo de negociaciones, posibles acuerdos y eventuales unificaciones dentro del PJ salteño. Desde el sector afín al gobernador Gustavo Sáenz, no se descarta la conformación de una lista de unidad. Sin embargo, fuentes cercanas indicaron que ninguna de las listas presentadas hasta el momento tiene conexión con el ala kirchnerista. El reconocimiento oficial de las listas se extenderá hasta el 23 de junio, y la presentación de candidatos específicos se realizará entre el 24 y el 27 de junio.
Este proceso electoral llega después de una prolongada y compleja disputa por la conducción partidaria. En febrero de 2025, el Consejo Nacional del PJ intervino el distrito Salta, que en ese entonces era liderado por Esteban Amat Lacroix. La decisión llevó a la designación de Sergio Berni y María Luz Alonso como interventores, pero la medida fue judicializada. En mayo de 2025, la jueza María Servini declaró inválida la intervención por considerarla arbitraria, aunque un fallo de la Cámara Nacional Electoral suspendió esa decisión y el PJ salteño continuó bajo intervención.
La situación volvió a cambiar en febrero de este año, cuando la conducción nacional desplazó a Berni y nombró a Pablo Kosiner. No obstante, las impugnaciones y los pedidos de elecciones internas desembocaron en una nueva intervención judicial. Finalmente, el 15 de mayo pasado, la Justicia Electoral designó a José Luis Napoleón Gambetta como interventor, con el mandato explícito de normalizar el partido y convocar a elecciones internas transparentes.
La magistrada criticó la falta de acciones concretas para normalizar el espacio político, argumentando que la intervención había sido utilizada como una herramienta para generar un “vaciamiento institucional” que afectó directamente los derechos de los afiliados. Servini recordó que la intervención partidaria es una herramienta excepcional, destinada solo a contextos de acefalía o incumplimiento de elecciones, y en este caso funcionó como un “mecanismo abusivo” que no resolvió los conflictos internos. Por ello, dispuso que Gambetta deberá presentar informes quincenales y garantizar la transparencia del proceso electoral.
Fuente original: Infobae