La implementación del DNU 70/2023 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos ha desatado un profundo debate en el país. Diversos juristas, la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y organizaciones como el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) han expresado su preocupación, alertando sobre posibles vulneraciones a principios constitucionales y derechos fundamentales relacionados con la tierra y los recursos naturales.
El foco de la discusión radica en la llamada “esfera de lo indecidible”, un concepto planteado por juristas como el italiano Luigi Ferrajoli. Esta esfera agrupa aquellos derechos fundamentales —como los derechos humanos, sociales o ambientales— que, por su naturaleza, no deberían estar sujetos a la decisión de la mayoría legislativa o del gobierno de turno. Son principios que actúan como un blindaje frente a la voluntad política, garantizando la protección de la persona y la comunidad.
En este marco, la Iglesia Católica ha reiterado su postura, inspirada en figuras como San Francisco de Asís y el Papa Francisco. Este último ha enfatizado que la propiedad privada es un “derecho secundario” que se subordina al “destino universal de los bienes”, es decir, que los recursos de la tierra deben servir para el sustento de toda la humanidad, hoy y en las generaciones futuras. La Pastoral Social Argentina recordó que la tierra, el agua y el aire son dones divinos para el bien común, y toda persona tiene un derecho originario a su uso.
Las críticas al DNU 70/2023 y a la Ley Bases se centran en varias aristas. Se objeta la derogación de la Ley de Tierras N° 26.737, que ponía límites a la titularidad de privados extranjeros, y la posibilidad de vender tierras ligadas a reservas de agua y otros recursos naturales. También preocupa la flexibilización de restricciones sobre la venta de terrenos afectados por incendios forestales, lo que podría facilitar la especulación y el desplazamiento de poblaciones originarias en favor de grandes corporaciones agropecuarias o mineras.
Desde esta perspectiva, se argumenta que el proyecto actual, al favorecer la extracción de minerales como el litio sin un valor agregado significativo en el país y sin generar un desarrollo local genuino, empobrece a las comunidades y entrega parte del patrimonio nacional a empresas multinacionales. Se cuestiona que estas medidas no apuntan al bien común de los argentinos, sino que benefician a minorías privilegiadas, promoviendo una mayor desigualdad en un contexto ya injusto.
En definitiva, la preocupación es que estas reformas legislativas, al ignorar los derechos fundamentales y los principios éticos y constitucionales que rigen el destino de la tierra y sus recursos, podrían trascender la esfera de lo legítimamente decidible. Se advierte que, si se burlan los derechos fundamentales por tiempo indeterminado, no se trataría de un acto político legítimo, sino de un “acto de fuerza ilegal” que podría poner en riesgo el orden constitucional y la esencia de una democracia real.
Fuente original: Infobae