El paro docente convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) puso en alerta al Gobierno, que inició un relevamiento exhaustivo para determinar el nivel de acatamiento en todo el país. Desde la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero, justificó la medida, argumentando que si bien la huelga es un derecho, este debe ser “moderado” por la Ley de Modernización Laboral, la cual exige garantizar el 75% de la actividad en servicios esenciales.

Los primeros datos recolectados por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, indican que en provincias clave como San Luis y Mendoza, las clases se desarrollaron con total normalidad, sin una adhesión significativa a la medida de fuerza. En Santa Fe, por su parte, se estaría cumpliendo con los mínimos de actividad establecidos por la normativa. La cartera de Capital Humano, a través de sus agencias territoriales, busca recabar información completa para evaluar posibles incumplimientos.

La declaración de la educación como servicio esencial por parte del Gobierno es el eje de la controversia. Esta disposición, contemplada en el artículo 24 de la Ley 27.802, exige una cobertura del 75% de la actividad. Aunque la Unión Docentes Argentinos (UDA) judicializó esta medida, la administración nacional apeló el fallo que suspendía la esencialidad, logrando mantener su vigencia. En caso de detectarse irregularidades, el Gobierno advirtió que iniciará procesos sancionatorios dirigidos a los gremios y no a los docentes individualmente.

Mientras tanto, los sindicatos docentes mantienen sus reclamos. CTERA y ATE, entre otros, exigen la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento del salario mínimo que actualmente se encuentra en 500 mil pesos y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado en 2024. Los gremios realizaron una concentración frente al Ministerio de Economía para visibilizar sus demandas, mientras el Gobierno insiste en que la discusión salarial debe darse en el ámbito provincial, sin injerencia federal.

Fuente original: Infobae