El Gobierno nacional, con la mira puesta en el sistema judicial, se prepara para una reconfiguración clave en el Consejo de la Magistratura. Este organismo, vital para la selección, remoción y sanción de jueces, es considerado un pilar fundamental en la estrategia oficialista para ordenar la justicia, una iniciativa impulsada desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, bajo el ala de Karina Milei.

El Consejo, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está compuesto por representantes de diversos estamentos de la sociedad. La mayoría de los mandatos, exceptuando los de Rosatti y los legisladores, vencerán en noviembre de este año, lo que abre un escenario de disputa por las nuevas designaciones. Este contexto ya generó los primeros roces, con planteos judiciales de consejeros como Agustina Díaz Cordero y Jimena de la Torre, quienes buscaron determinar si podían postularse para un nuevo período, aunque luego desistieron de estas acciones.

La controversia se intensifica en el ámbito legislativo. Tradicionalmente, las cámaras de Diputados y Senadores designan a sus cuatro representantes, distribuyendo dos bancas a la primera minoría y las restantes entre el segundo y tercer bloque más numeroso. Sin embargo, el panorama parlamentario cambió drásticamente tras las últimas elecciones. La Libertad Avanza se consolidó como el bloque más grande en la Cámara baja y alcanzó un empate con el peronismo en el Senado, situación que el Gobierno pretende trasladar al Consejo de la Magistratura para reclamar más espacios.

En la Cámara de Diputados, la diferencia a favor de La Libertad Avanza es clara. Se espera que el bloque proponga dos candidatos, con la posibilidad de que Gonzalo Roca busque un segundo mandato y se sume un nuevo compañero. Para el Senado, la situación es más compleja debido al empate técnico entre LLA y el bloque Justicialista, ambos con 21 integrantes. El peronismo intenta sumar a aliados para reclamar la primera minoría, una estrategia que el oficialismo rechaza rotundamente, negándose a «tretas del pasado» para manipular la composición.

La mesa judicial del Gobierno ha dejado claro que no se trata de una «pelea» sino de la reclamación de espacios que, según su interpretación, les corresponden por la nueva conformación del Congreso. Esta movida es crucial para el oficialismo, que busca consolidar su influencia en un organismo determinante para el futuro del Poder Judicial argentino.

Fuente original: Infobae