El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó que el Gobierno ha notificado a cerca de 180 empresas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, presentándoles una elección definitiva: continuar con sus operaciones en el territorio en disputa o afrontar severas sanciones en la Argentina continental.

Esta medida, parte de una estrategia integral anunciada por el presidente Javier Milei, busca modificar el cálculo de riesgo para estas compañías. Quirno explicó que la Ley 26.659, que prohíbe a petroleras que operan en Malvinas hacerlo en Argentina, será ahora más relevante. La diferencia con años anteriores, señaló, es la existencia de proyectos como Vaca Muerta, que ofrecen un incentivo real para invertir en el país.

El funcionario detalló que un decreto reglamentario ya aprobado acelerará las sanciones y ampliará su alcance a toda la red de firmas vinculadas, incluyendo proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros. Además, se enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley 26.659, buscando mayor amplitud sancionatoria pero también mecanismos para que las empresas puedan cesar operaciones en Malvinas y reingresar al sistema argentino sin quedar excluidas de forma permanente.

Como parte de las nuevas exigencias, los aspirantes al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada confirmando que no violan la normativa de Malvinas. Estas acciones ya están mostrando impacto: las acciones de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, involucradas en el proyecto Sea Lion en Malvinas, registraron caídas significativas en sus respectivas bolsas. El Gobierno considera esto una muestra de «diplomacia ejecutiva y económica» en defensa de los intereses argentinos.

Fuente original: Infobae