La Inteligencia Artificial (IA), una herramienta que el Papa Francisco calificó de “fascinante y tremenda” en el G7, genera un debate crucial sobre su impacto en la sociedad y la necesidad de mantener el control humano sobre decisiones fundamentales. Líderes tecnológicos y expertos a nivel mundial, incluyendo a fundadores de Google, advierten sobre los riesgos de la IA en el empleo, la desigualdad y la responsabilidad, llegando incluso a pedir regulaciones que moderen su desarrollo.
En Argentina, la postura del presidente Javier Milei contrasta con esta tendencia global. En una reciente declaración al Financial Times, Milei se comprometió a no regular a las empresas de IA, ofreciendo exenciones impositivas y total libertad para experimentar en el país. Incluso propuso la creación de “sociedades no humanas”, administradas por agentes de IA, con el objetivo explícito de atraer inversiones. Sin embargo, esta visión parece ignorar las preocupaciones sobre el impacto en el empleo, la educación y la desigualdad que tanto inquieta a nivel internacional.
La principal preocupación radica en el mercado laboral. Si bien los líderes de la industria han moderado su discurso, el riesgo de pérdida masiva de empleos o de cambios profundos y permanentes es real. Un estudio de Gallup indica que casi el 75% de la población cree que la IA reducirá el número de puestos de trabajo en la próxima década. Un ejemplo palpable es el sector financiero de la Ciudad de Buenos Aires, que en el primer trimestre de 2026 creció más de un 10% pero, paradójicamente, vio caer su empleo en un 4,5% debido a la digitalización. Ante este panorama, el Estado tiene un rol fundamental para sentarse con empresas y sectores afectados, buscando formas de moderar el impacto a través de la formación, capacitación y una adopción tecnológica responsable, gobernando así la transición en lugar de solo observarla.
Además del empleo, la IA interviene en decisiones cotidianas que afectan directamente la vida de las personas: desde qué currículum llega a una entrevista hasta la recomendación de un tratamiento médico o la concesión de un crédito. Es imperativo que estas decisiones no se tomen sin intervención humana y que exista un mecanismo de reclamación en caso de errores. Gobiernos como el de Colorado, en Estados Unidos, ya garantizan el derecho a una revisión humana significativa cuando la IA influye en decisiones perjudiciales. La discusión no es si adoptar la tecnología, sino para qué, bajo qué reglas y a favor de quién. Regular no significa prohibir, sino cuidar a las personas de los efectos nocivos, asegurando que el enorme potencial de la IA se ponga al servicio de la gente y no al revés.
Fuente original: Infobae