El juicio contra Cristina Kirchner y Julio De Vido se volvió complejo tras testimonios de exfuncionarios y empresarios que denunciaron coerción, amenazas y falta de evidencia para respaldar las acusaciones. Rafael Llorens, exasesor legal, relató que el fiscal Stornelli intentó hacerlo confesar en base a presiones familiares, mientras que Baratta aseguró que fue amenazado con detención si no involucraba a Kirchner y De Vido.
Los abogados de los imputados denunciaron que los testimonios de los ‘arrepentidos’ carecen de verificación, y que el tribunal no investiga el contexto en el que surgieron. Nelson Periotti, exdirector de Vialidad, destacó que mecanismos como las redeterminaciones de precios son habituales en contextos inflacionarios y no son per se delictivos.
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, presentó al tribunal una lista de irregularidades denunciadas durante las audiencias, incluyendo presuntas intervenciones de escribanos y agentes penitenciarios. Pidió que se investigue el rol de Sebastián Eskenazi y el Grupo Petersen, cuyas conexiones con Bonadío generan sospechas.
Los defensores argumentaron que la fiscalía no está investigando el entorno antijurídico en el que nació la causa, lo que lleva a un ‘lugar insostenible’ según Maximiliano Rusconi. Además, exigen que se certifiquen causas contra el hijo de Bonadío y que se rastreen conexiones con el Grupo Petersen.
El caso refleja tensiones en el sistema judicial argentino, donde la falta de pruebas y la dependencia de testimonios cuestionables plantean desafíos para garantizar la justicia. La defensa insiste en que sin verificaciones adicionales, la causa podría ser considerada insostenible.