Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron este martes que tropas del Ejército Nacional sostienen enfrentamientos contra la estructura residual Ismael Ruiz, perteneciente al Bloque Isaías Pardo de las disidencias de las FARC, en una zona rural del municipio de Belalcázar, en el departamento del Cauca, sobre el límite con el Huila. Como resultado de los combates, seis integrantes del grupo armado fueron dados de baja.
A través de su cuenta en la red social X, la institución castrense precisó que la acción ofensiva neutralizó a seis miembros de esa estructura ilegal, cuyo líder es conocido con el alias «Fernando Gómez». Las fuerzas militares permanecen desplegadas en el terreno con el objetivo de asegurar la zona, corroborar las condiciones del área e identificar a los caídos.
«Seguimos con despliegue operacional sostenido en esta región del suroccidente del país, con el fin de golpear con firmeza a los grupos armados ilegales que actúan en los departamentos del Huila y el Cauca», indicaron desde el Ejército.
La institución viene llevando adelante operativos ofensivos —incluyendo bombardeos y enfrentamientos directos— contra los campamentos de distintas estructuras ilegales, ya que no existe ningún acuerdo de cese al fuego vigente con estos grupos. Sin embargo, algunas de estas acciones derivaron en la muerte de menores de edad que habían sido reclutados por las organizaciones criminales, lo que generó una fuerte polémica política y social.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno recibieron duras críticas por autorizar operaciones que ponen en riesgo la vida de chicos y chicas incorporados a la fuerza en las filas de estos grupos. En diciembre de 2025, el Congreso convocó un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. En esa sesión, la legisladora Catherine Juvinao reveló que, desde el comienzo de la gestión Petro en agosto de 2022 hasta ese momento, 54 menores habían perdido la vida en bombardeos y choques entre la fuerza pública y grupos armados.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le exigió directamente al jefe de Estado que ordene suspender cualquier operación ofensiva en zonas donde se sospeche la presencia de menores reclutados. «Le pido al presidente que detenga los bombardeos contra objetivos donde puede haber chicos y chicas captados por estas estructuras, e invoco los principios de necesidad militar, precaución, humanidad y, sobre todo, la prevalencia de los derechos de la niñez», expresó la funcionaria.
Ante esas críticas, el ministro Sánchez defendió públicamente la legalidad de las operaciones, argumentando que los bombardeos se ejecutan de acuerdo con las normas del derecho internacional humanitario. El funcionario sostuvo que, cuando un menor muere en combate, la responsabilidad moral y jurídica recae sobre la organización criminal que lo reclutó, y no sobre el Estado. «Quien toma parte en las hostilidades pierde la protección que le corresponde, sin excepciones. Lo que resulta letal no es la edad, sino el arma», afirmó Sánchez.
Fuente original: Infobae