La Justicia argentina avanza con la actualización del monto del decomiso en la emblemática Causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados. Tras una reciente confirmación de la Corte Suprema sobre el sistema de cálculo, el fiscal Diego Luciani y su equipo estiman que la cifra de recuperación de activos ascendería a la impactante suma de 898.000 millones de pesos, ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Este significativo incremento surge de la revisión de cómputos anteriores. Un cálculo realizado en julio de 2025 ya había arrojado 685.000 millones de pesos, a los que ahora se sumaría la inflación interanual que supera el treinta por ciento. Fuentes judiciales indicaron que esta actualización adquiere efecto inmediato luego de la resolución del máximo tribunal, que no solo ratificó el método de cálculo sino también la ejecución de las medidas patrimoniales, incluyendo la subasta de bienes de los implicados.
El perjuicio económico por los hechos de corrupción condenados en la Causa Vialidad fue originalmente estimado por el Tribunal Oral Federal 2 en 84.835 millones de pesos. Sin embargo, la fiscalía recalculó que, para alcanzar la cifra actual de casi 900.000 millones, se debería añadir un monto adicional de más de 212.000 millones de pesos. La valoración final y definitiva del decomiso se concretará al momento de la ejecución de la pena, con los cálculos precisos que realicen los organismos técnicos de la justicia.
Es importante destacar que la restitución de estos fondos no recae exclusivamente sobre la exmandataria. El fallo estableció que la suma deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados, sin especificar la proporción individual. La sentencia original consideró la cartelización empresarial que favoreció a las firmas de Lázaro Báez y el sobreprecio en la licitación de obras, que la Justicia estimó en un promedio del veinte por ciento.
Hasta el momento, el TOF 2 ya aprobó una lista de 111 inmuebles a nombre de Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo propiedades en Río Gallegos y terrenos en Lago Argentino, Santa Cruz. También se habilitaron diecinueve propiedades registradas a nombre de los hijos de la expresidenta, aunque esta última presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para impugnar la ejecución de dichos bienes. Paralelamente, la fiscalía solicitó al tribunal que evalúe un segundo conjunto de propiedades, vinculadas a Los Sauces y Hotesur, mientras se continúa la búsqueda de nuevos activos para sumar al proceso de recuperación.
Fuente original: Infobae