La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) presentó una impugnación administrativa contra el dictamen de precalificación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, que forma parte de la ‘Red Federal de Concesiones – Etapa II’. El proceso busca privatizar el mantenimiento y operación de rutas nacionales en territorio bonaerense.
El presidente de Aubasa, José Arteaga, acusó al gobierno nacional de ‘cambiar las reglas de juego’ para excluir a la empresa, argumentando que los criterios utilizados por la Comisión Evaluadora Ad-Hoc son ‘falaces’ y ‘sin sustento técnico’. La empresa sostiene que su modelo de gestión estatal, bajo derecho privado, garantiza niveles de inversión y mantenimiento preventivo.
Según la impugnación, la Comisión Evaluadora exigió experiencia en obras viales mediante la ejecución directa, ignorando que la licitación corresponde a una concesión integral, donde es válido contratar terceros especializados. Aubasa acredita experiencia desde 2014, pero los evaluadores descartaron certificados emitidos por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció una ‘desviación de poder’ por parte del Ejecutivo Nacional, mientras la provincia solicita la intervención del Defensor del Pueblo para garantizar la transparencia del proceso. Se señala una disparidad en el trato hacia oferentes privados, violando el principio de igualdad establecido en el Decreto N° 1030/2016.
La exclusión de Aubasa se enmarca en una crisis de infraestructura que afecta a miles de usuarios diarios. La administración bonaerense acusa al gobierno de Milei de ‘robarse’ fondos destinados al mantenimiento de rutas, utilizándolos para sostener el superávit fiscal. La disputa podría derivar en una batalla judicial, con la provincia comprometida a defender la participación de la empresa estatal en la gestión de las vías.