El gobierno de Javier Milei avanza en la integración de Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), una iniciativa que ha generado debate en el ámbito científico. El ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Sturzenegger, argumenta que la adhesión permitiría a los inventores argentinos acceder a mayores plazos para patentar en múltiples países (30 meses en lugar de 12). Sin embargo, críticos señalan que el enfoque prioriza intereses de laboratorios extranjeros sobre la protección de la innovación nacional.
Expertos como el físico Leonardo Codner destacan que, aunque el PCT ofrece ventajas administrativas y técnicas, su adhesión no resuelve problemas estructurales del sistema científico argentino. Según Codner, la falta de financiamiento y la desprotección de sectores como la farmacéutica local son temas pendientes. Por su parte, el investigador Daniel Comerci admite que el ingreso al PCT es necesario, pero subraya la necesidad de evitar distorsiones en la gestión de patentes.
La controversia se centra en el impacto en instituciones como el Conicet, cuyos investigadores han tenido que recurrir a estrategias creativas, como crear empresas en Delaware, para patentar internacionalmente. Codner rechaza las afirmaciones de Sturzenegger sobre la pérdida de control de patentes, señalando que el problema radica más en la capacidad de monitoreo que en la estructura legal.
El debate también toca la historia del rechazo al PCT en los años 90, cuando el lobby farmacéutico nacional bloqueó su entrada. Hoy, con un sector farmacéutico cada vez más globalizado, algunos analistas cuestionan si la protección actual sigue siendo necesaria, mientras otros sectores, como el textil, podrían requerir mayor apoyo.
La decisión de integrar al PCT plantea una encrucijada: ¿se convertirá en una herramienta para fortalecer la innovación argentina o en un mecanismo que beneficie a actores internacionales? La respuesta dependerá de cómo se equilibren las ventajas del tratado con las necesidades del ecosistema científico local.