El 31 de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó un fallo que obliga al gobierno a aplicar inmediatamente los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Ejecutivo apela a la Corte Suprema, pese a la alta probabilidad de que se mantenga la decisión.
El enfoque del presidente, Javier Milei, hacia el sistema universitario público ha generado controversia. Se lo vincula con una visión neoliberal que prioriza el sector privado y critica las instituciones públicas como fuentes de corrupción e ineficiencia. Este recorte presupuestario se enmarca en un contexto de desfinanciamiento acumulado del 45,6% entre 2023 y 2026, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
El informe del Observatorio de las Elites de CITRA UMET-CONICET señala que las elites económicas buscan moldear la educación para adaptar a los recursos humanos al mercado laboral, expandir negocios privados en el sector educativo y legitimar ideologías empresariales como normales. El gobierno, bajo la excusa del equilibrio fiscal, redujo impuestos y gastos progresivos, como los fondos universitarios.
El impacto en los salarios universitarios es significativo: el poder adquisitivo se redujo un 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, alcanzando los niveles más bajos de los últimos 23 años. Las partidas de gasto operativo se han reducido al 40% de su valor original, perdiéndose casi 9 meses de transferencias.
Según María Teresa Sirvent, las políticas neoliberales no solo generan pobreza económica, sino también cultural, al erosionar la capacidad crítica y reflexiva de la sociedad. El recorte a las universidades no es un acto casual, sino un intento de debilitar la capacidad del país de construir un futuro justo y soñado. Como reflexiona Carlos Andujar, docente de la ISFD Nº41, este desfinanciamiento atenta contra el rol fundamental de las universidades como espacios de pensamiento y transformación social.