Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, utilizó su discurso en la ExpoEFI para criticar la judicialización de la política, una postura interpretada como una muestra de deferencia hacia el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, la Corte se encuentra inmersa en disputas internas, como la reforma laboral, que la Confederación General del Trabajo (CGT) impugna y que ha generado tensiones entre los magistrados.
Rosatti señaló que la politización de la justicia retrasa la implementación de programas económicos, un argumento que se entiende como una señal de apoyo al Ejecutivo en el marco de la discusión sobre la reforma laboral. Sin embargo, la Corte no ha avanzado en resolver este tema, que lleva desde abril en la vocalía de Carlos Rosenkrantz.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó la postura de Rosatti, destacando que las normas impugnadas, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, no fueron debatidas en el Congreso. Diego Morales, director de Litigio del CELS, subrayó que el Poder Judicial debe garantizar los derechos fundamentales, incluso cuando las leyes se aprueban sin deliberación parlamentaria.
La Corte también enfrenta críticas por su falta de transparencia, como la ausencia de audiencias públicas y la no divulgación de su agenda. Myriam Bregman, diputada del FIT, denunció que la inacción judicial colabora con un Gobierno que va en contra de las mayorías, al dejar en vigor normas consideradas antipopulares.
Mientras tanto, las tensiones internas en la Corte se agravan con el conflicto entre Rosatti y Rosenkrantz, agravado por la acordada 4/2026 sobre la selección de jueces. El escenario plantea una pregunta: ¿La Corte, en medio de sus divisiones, podrá cumplir con su rol constitucional como guardiana de los derechos y la justicia?