En las últimas semanas, el fenómeno de El Niño ha acaparado la atención en Argentina, pero casi siempre desde una perspectiva limitada: cuánto lloverá, qué cultivos sembrar o cuándo. Si bien este enfoque es crucial para el sector agropecuario, se deja de lado una pregunta fundamental que las empresas argentinas, más allá del campo, no pueden seguir postergando: ¿Qué pasará cuando un camión no pueda salir de un lote inundado, un puerto retrase embarques, una central eléctrica dependa de una represa afectada o un centro de datos se moje?

El Niño que se avecina no es uno más. Según datos de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), ya se categoriza como “muy fuerte” y tiene chances de alcanzar niveles récord, intensificándose hasta su pico entre noviembre de 2026 y enero de 2027. A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, donde provoca sequías, en el Cono Sur –Argentina, Chile y Uruguay– la señal es opuesta: más lluvias, más humedad y mayor presión sobre cuencas ya exigidas. Un informe reciente de Aon advierte sobre un salto en el riesgo climático para la agroindustria, el transporte y la infraestructura del país para la temporada 2026/27, con puntos críticos en el Litoral, la cuenca del río Uruguay, el centro agrícola y urbano de Buenos Aires y Córdoba, y la región de Cuyo.

El error común es tratar estos eventos como un capítulo aislado del calendario agrícola. En la práctica, el agua que sube en el Paraná o el Uruguay no se queda en el campo: corta rutas por donde circulan los granos, retrasa turnos portuarios, sedimenta represas hidroeléctricas y se filtra en infraestructura crítica que nada tiene que ver con una hectárea sembrada. El riesgo climático dejó de ser estacional para volverse sistémico: se propaga por toda la cadena de valor, desde la producción hasta la logística, la energía y, en última instancia, el financiamiento de las empresas que dependen de que esa cadena no se corte.

La buena noticia es que Argentina ya empezó a desarrollar herramientas para gestionar este riesgo de otra manera. En julio, la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó un nuevo régimen para los seguros paramétricos, que agiliza la aprobación de coberturas indexadas a variables objetivas –como precipitaciones, temperatura o niveles de un río– y elimina la necesidad de peritajes individuales para liberar la indemnización. Este cambio regulatorio, aunque silencioso, es profundo: por primera vez existe un marco ágil para asegurar riesgos climáticos que afectan a regiones enteras al mismo tiempo, algo que el seguro tradicional, diseñado para siniestros puntuales, nunca resolvió bien.

Sin embargo, tener la herramienta disponible no es suficiente si las organizaciones no la incorporan a su planificación. Para una empresa de transporte, energía o infraestructura –no solo para un productor agropecuario– el seguro paramétrico puede significar liquidez inmediata el mismo día en que se supera un umbral de lluvia, en lugar de meses de inspección de daños mientras la operación sigue paralizada. A esto hay que sumarle inversión en mitigación –como defensas hídricas y redundancia energética en los activos más expuestos– y sistemas de alerta temprana que integren monitoreo satelital e hidrometeorológico a los planes de continuidad del negocio. Ninguna de estas medidas sustituye a las otras; funcionan como capas de una misma estrategia integral.

Cuanto más fuerte es un evento de El Niño, mayor es la probabilidad de impactos posteriores en la región, aunque los resultados específicos nunca están garantizados. Por eso, la planificación por escenarios, y no la reacción una vez ocurrido el daño, es la que marca la diferencia entre una empresa que absorbe el shock y otra que lo sufre durante varios trimestres. El desafío para Argentina no es solamente anticipar cuánto va a llover. Es traducir esa señal climática en decisiones concretas de gestión de riesgo para toda la cadena de valor, mucho antes de que la próxima crecida vuelva a poner a prueba rutas, puertos, represas y balances.

Fuente original: La Nación