La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario federal de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia, buscando que intervenga directamente en el caso sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral sin esperar un fallo de segunda instancia. El escrito solicita la revisión del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que suspendió la aplicación de 83 artículos de la norma.
El gobierno argumenta que la CGT, que inició la acción judicial, no acreditó un caso concreto ni identificó un perjuicio específico. Además, sostiene que la central obrera carece de legitimación para representar a todos los trabajadores y que el juez de primera instancia omitió considerar la representación sindical según la normativa vigente.
La Procuración señala que la causa es de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y los efectos de la suspensión se extienden a todo el territorio argentino. Destaca que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 ya reclamó el expediente, sin que se haya dictado una resolución que revierta la suspensión.
El recurso califica la situación como una de “gravedad institucional”, afirmando que la suspensión de una ley nacional con alcance general por parte de un tribunal local pone en riesgo el principio de división de poderes. La Procuración advierte que si se confirma este mecanismo, cualquier juez podría suspender leyes nacionales, lo que amenazaría el sistema normativo.
El gobierno concluye que la única vía “eficaz” para revertir la medida es la intervención urgente de la Corte Suprema mediante el mecanismo de per saltum, solicitando la suspensión de los efectos de la sentencia y la restitución de la vigencia plena de la Ley 27.802 mientras se tramita el recurso.