La candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se sentó a dialogar con los rectores de las universidades públicas de la región para escuchar sus demandas y presentar su visión de cara a un eventual gobierno. El encuentro tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Sevilla y contó con la presencia de los máximos representantes de varias casas de altos estudios nucleadas en la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA).

Del lado universitario participaron la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, junto a los rectores de las universidades de Córdoba, Cádiz, Huelva y Almería, además del titular de la Universidad Internacional de Andalucía y del presidente de AUPA, Francisco Oliva Blázquez, rector de la Pablo de Olavide de Sevilla.

Durante la reunión, Montero planteó que el sistema universitario andaluz atraviesa una situación crítica luego de años bajo la administración de Juanma Moreno (PP). Entre los principales problemas que señaló se destacan el déficit crónico de financiación, los conflictos generados por la aplicación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) y la preocupación por el avance de instituciones privadas de educación superior en la región.

Si bien la dirigente socialista reconoció que el acuerdo de financiación alcanzado en abril en el Consejo Andaluz de Universidades representa un alivio, advirtió que resulta insuficiente para sostener el sistema con las garantías necesarias. En ese sentido, exigió el cumplimiento total del modelo de financiación vigente y el pago de unos 39 millones de euros pendientes correspondientes a 2025, más los montos que surjan de las auditorías de personal.

Uno de los compromisos más contundentes que asumió Montero fue el de derogar la LUPA en caso de llegar a la presidencia de la Junta, y reemplazarla por una nueva ley construida de manera consensuada con rectores, la comunidad universitaria y representantes sociales. La nueva norma, según explicó, apuntaría a proteger la autonomía universitaria y garantizar financiamiento estable mediante una cláusula de salvaguarda.

Además, la candidata propuso impulsar un Pacto Andaluz por la Universidad Pública y la Ciencia, con planificación plurianual y recursos vinculados a la calidad educativa, la investigación, la transferencia de conocimiento y la equidad territorial. La meta, subrayó, es llevar la inversión universitaria a un mínimo del 2% del PBI andaluz.

En el plano económico, Montero planteó la creación de un Plan Extraordinario de Reposición de Recursos Universitarios que devuelva íntegramente los 135 millones de euros que fueron retirados de los remanentes de tesorería de las universidades, y que permita que los fondos no comprometidos puedan reinvertirse en investigación, personal e infraestructura. A esto se sumaría un programa de inversiones en infraestructura universitaria para saldar el déficit acumulado y garantizar la modernización sostenida de las instituciones académicas.

El objetivo central del planteo socialista, según resumió Montero, es abandonar lo que consideró un «modelo estancado» y avanzar hacia un sistema público universitario sólido, con financiamiento real, gobiernos democráticos y capacidad genuina de planificar su propio futuro.

Fuente original: Infobae