Un terremoto financiero sacude Paraguay tras el colapso de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales del país, que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros y provocó una crisis política que culminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención del Banco Central paraguayo se desató luego de que se detectara un grave deterioro en la salud patrimonial de la institución, generando una profunda conmoción en la región.
La investigación reveló un alarmante agujero en la solvencia del banco, que había crecido de forma meteórica hasta captar a más del 60% de la población adulta. Los auditores descubrieron irregularidades contables y una concentración preocupante de créditos otorgados a empresas vinculadas con los propios dueños de Ueno Bank, en muchos casos sin las garantías adecuadas. Estas maniobras ilegales minaron la capacidad del banco para responder a sus obligaciones, llevando a su intervención y el cierre de todas sus operaciones, dejando a millones de personas en la incertidumbre.
El impacto fue devastador para 2.9 millones de usuarios, quienes de un día para el otro se encontraron sin poder acceder a sus fondos. Aunque el Fondo de Garantía de Depósitos cubrirá hasta 75 salarios mínimos (unos US$38.600) para el 97% de los depositantes, aquellos con sumas mayores enfrentan un panorama incierto. La situación se agravó al confirmarse que el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones, tenía inversiones millonarias en Ueno Bank y gestionaba el pago de haberes de unos 32.000 beneficiarios a través de la entidad, poniendo en riesgo el sistema previsional.
La crisis escaló al ámbito judicial con la detención de ocho altos ejecutivos, incluyendo al fundador del grupo y al presidente del banco, enfrentando cargos por lesión de confianza e intento de estafa. Políticamente, el escándalo salpicó directamente al presidente Santiago Peña, quien había sido accionista del grupo propietario de Ueno y designó al frente del Banco Central a un exdirectivo de la entidad. Las protestas y pedidos de juicio político llevaron a la renuncia de Peña, dejando al descubierto los complejos vínculos entre el poder económico y político, y abriendo un debate crucial sobre la supervisión financiera y la protección de los ahorros ciudadanos en Paraguay y la región.
Fuente original: El Tribuno
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