La académica y politóloga Denise Dresser presentará la próxima semana una solicitud de juicio político contra Guadalupe Tadde i , exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) , para que se investiguen los señalamientos de corrupción durante su gestión y se determinen posibles sanciones , incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pues consideró que la renuncia no es suficiente.
La académica sostuvo a través de una entrevista con Aristegui Noticias que la renuncia de Guadalupe Taddei no debe cerrar las indagatorias sobre los contratos, los presuntos conflictos de interés y el uso de recursos públicos que involucran a funcionarios, proveedores y personas cercanas a la exconsejera presidenta.
Dresser señaló que la Constitución permite a la ciudadanía promover procedimientos de juicio político contra integrantes del INE , incluso después de que hayan dejado el cargo. Explica que existe un plazo de un año para iniciar este recurso tras la separación de funciones.
La solicitud será presentada ante la Cámara de Diputados. Dresser busca que se investigue la gestión de Taddei , se deslinden responsabilidades, se acrediten conductas graves y se impongan las sanciones que correspondan.
“Renunciar no es rendir cuentas. Abandonar un puesto no equivale a asumir responsabilidades y una carta de renuncia no puede convertirse en un certificado de inocencia”, afirmó Dresser al anunciar la acción jurídica.
La petición ocurre después de que se conocieran irregularidades por 514 millones de pesos en contratos otorgados por el INE a empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizara una investigación de oficio.
Entre los casos bajo revisión figura el de Corporativo Zeg, compañía que tenía registrados cinco empleados y obtuvo contratos por 184 millones de pesos. Parte de esos recursos, por 167 millones de pesos, habría sido transferida a otras empresas en operaciones que son investigadas por una posible triangulación.
Los señalamientos también alcanzan a Cajas Graf, empresa representada por Hernández Casillas y su hermano Raymundo Francisco Hernández. Ambas firmas obtuvieron contratos en organismos electorales estatales antes de que Taddei asumiera la presidencia del INE .
Durante la gestión de Taddei en el Instituto Electoral de Sonora , Cajas Graf recibió un contrato por 46 millones 879 mil pesos. La misma empresa consiguió después otro contrato por 33 millones 881 mil 653 pesos en Chihuahua, en una licitación donde participaron dos compañías del mismo grupo corporativo.
En Oaxaca, Corporativo Zeg recibió un contrato por 32 millones 426 mil pesos en 2024. La entonces funcionaria responsable de ese procedimiento fue incorporada después a una unidad técnica del INE durante la presidencia de Taddei.
La académica convocó a organizaciones civiles, especialistas, académicos y ciudadanos a respaldar la solicitud de juicio político. Su llamado parte de la idea de que la democracia exige mecanismos de rendición de cuentas frente a denuncias que involucran recursos públicos y posibles conflictos de interés.
“Hay seguramente muchos que piensan que con la salida de Guadalupe Taddei, con su renuncia, ahí acabó el asunto. Y no lo podemos permitir”, sostuvo la académica.
La exconsejera presidenta Guadalupe Taddei dejó el cargo después de que se abrieran investigaciones sobre contratos, proveedores, presuntos vínculos personales y posibles irregularidades en procesos administrativos del INE .
La solicitud de juicio político buscará que la Cámara de Diputados determine si existen elementos para fincar responsabilidades a Guadalupe Taddei por hechos ocurridos durante su gestión al frente del organismo electoral.
Fuente original: Infobae
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