Una declaración del diputado nacional Máximo Kirchner desató un vendaval de críticas y preocupación en el ámbito político y económico del país. El líder de La Cámpora anunció que, en caso de que el kirchnerismo retome el poder, se auditarán todos los proyectos que se hayan incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una medida que encendió las alarmas de numerosos gobernadores y sectores productivos.
El RIGI, aprobado como parte de la Ley Bases, es una herramienta fundamental para atraer capitales extranjeros y fomentar el desarrollo de obras de gran envergadura en Argentina. Según datos oficiales, este régimen ya ha convocado la presentación de 48 proyectos por un valor cercano a los 210.000 millones de dólares, de los cuales 30 ya fueron aprobados, representando una inversión de aproximadamente 80.000 millones de dólares. Estos proyectos son cruciales para el crecimiento de diversas economías provinciales, especialmente en sectores como la minería y la energía.
La postura de Kirchner fue rápidamente repudiada por una amplia gama de gobernadores, tanto peronistas como de la oposición, quienes ven en estas declaraciones una amenaza directa a la seguridad jurídica del país. Mandatarios como Raúl Jalil de Catamarca, Alberto Weretilneck de Río Negro, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Orrego de San Juan y Alfredo Cornejo de Mendoza, entre otros, enfatizaron la necesidad de mantener reglas claras y estables para garantizar la confianza de los inversores. Argumentan que la incertidumbre generada por posibles auditorías futuras podría ahuyentar las inversiones necesarias para el desarrollo y la generación de empleo.
Desde las provincias, se subrayó que las grandes inversiones, particularmente en el sector minero, requieren de años de planificación y de miles de millones de dólares, lo que hace indispensable un marco de previsibilidad y seguridad jurídica que trascienda los cambios de gobierno. Aunque algunos reconocen que el RIGI podría ofrecer beneficios generosos a las empresas, defienden su implementación como una decisión política estratégica para el crecimiento. La polémica recalienta la interna del Partido Justicialista, donde sectores enfrentados al kirchnerismo consideran que este tipo de declaraciones terminan beneficiando a las fuerzas opositoras.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación, el debate sobre una versión ampliada del régimen, conocida como «Super RIGI», sigue estancado. A pesar de contar con media sanción de Diputados, el proyecto no logra avanzar en el Senado debido a diferencias entre el oficialismo y sus aliados, principalmente por la cláusula de «compre nacional», lo que demuestra la complejidad y la sensibilidad que rodea a estas iniciativas de inversión a gran escala en el panorama político argentino.
Fuente original: Clarín
Comentarios