El proyecto de Presupuesto 2027, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, incluye una modificación que genera gran inquietud entre las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. La iniciativa busca eliminar el sistema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que permitiría a cada obra social, prepaga o jurisdicción establecer sus propios aranceles para los servicios.

Actualmente, la Ley 24.901 establece un arancel único a nivel nacional que deben respetar todas las entidades obligadas, como el Estado, obras sociales, prepagas, PAMI e Incluir Salud, para el pago a los prestadores. Este sistema garantiza un piso de derechos y calidad en servicios esenciales como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación. La propuesta del Gobierno reemplazaría esta universalidad arancelaria por la garantía de un «piso mínimo prestacional común», donde los valores serían fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad o, en su defecto, por el Ministerio de Salud según el IPC.

Especialistas y organizaciones como «Discapacidad en Alerta Máxima» advierten sobre los graves riesgos de esta desregulación. Sin un arancel de referencia nacional, la negociación de los valores pasaría directamente entre cada financiador y prestador, creando una «pulseada desigual» donde las obras sociales y prepagas tendrían un poder de imposición mayor. Esto, según los propios prestadores, llevaría a la precarización del sector y, consecuentemente, a un deterioro en la calidad de la atención, ya que las prestaciones para personas con discapacidad no son opcionales, sino necesidades básicas y adaptadas.

El impacto de esta medida podría ser aún más severo en provincias como Misiones, Chaco, y otras del interior, incluyendo Santiago del Estero. A diferencia de las provincias patagónicas, que reciben un adicional del 20% por «zona desfavorable», estas regiones no cuentan con compensaciones similares a pesar de enfrentar grandes distancias y menor disponibilidad de prestadores especializados. En un esquema sin referencia nacional, estas provincias partirían de una posición aún más débil, lo que podría traducirse en menos oferta de servicios privados y una mayor carga para el ya saturado sector público de salud.

Esta reforma se suma a un sistema que ya arrastra dificultades, con demoras en los pagos a prestadores y un nomenclador nacional que estuvo prácticamente congelado. La eliminación del arancel único, en este contexto, no aportaría flexibilidad a un sistema estable, sino que retiraría la única herramienta que garantiza un mismo piso de derechos para las personas con discapacidad en todo el país, convirtiendo, según los críticos, derechos fundamentales en mercancías y profundizando la exclusión de quienes no puedan costear los tratamientos.

Fuente original: Chaco Día por Día