El Senado argentino dio un paso fundamental al avanzar en dos iniciativas legislativas que prometen transformar la matriz energética y productiva del país. Por un lado, se busca fortalecer el marco regulatorio para los biocombustibles, y por el otro, se pretende establecer las bases para un incipiente pero prometedor mercado de bonos de carbono.
En lo que respecta a los biocombustibles, la Cámara Alta dictaminó favorablemente un proyecto que elevaría el corte obligatorio de bioetanol en las naftas al 15% y el de biodiésel en el gasoil al 10%. Esta decisión, impulsada fuertemente por provincias productoras como Córdoba (maíz) y Tucumán (caña de azúcar), generó un intenso debate. La senadora salteña Flavia Royón, quien preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, jugó un rol clave en la negociación, buscando un equilibrio entre los intereses productivos y las resistencias de la industria automotriz y petrolera, especialmente por el costo del biodiésel.
Según Royón, este incremento en el porcentaje de mezcla tendría un impacto directo y muy positivo en la balanza energética del país. Con un corte del 10% en el biodiésel, Argentina podría prescindir de la importación de gasoil, lo que se traduciría en un ahorro significativo de divisas y una mayor soberanía energética. Además, la reforma busca modificar el esquema de precios, pasando de una fórmula fija a un sistema de oferta y demanda, fomentando una mayor competencia en el mercado interno y habilitando nuevos jugadores.
Paralelamente, el Senado también avanzó con el dictamen de proyectos para regular el mercado de carbono. Aunque es una actividad todavía en desarrollo, representa una enorme oportunidad para el agro, la actividad forestal y otras producciones argentinas. Los créditos de carbono se generan a partir de acciones que reducen o capturan emisiones, como la conservación de bosques, la transformación de residuos o la inversión en energías renovables.
La senadora Royón explicó que la regulación de este mercado es crucial, ya que un bono de carbono en un mercado regulado puede valer hasta cinco veces más que en uno voluntario. Para un país con la vasta superficie agropecuaria y forestal de Argentina, esto abre una nueva dimensión exportadora, permitiendo al país exportar
Fuente original: Clarín



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