La economía argentina se encuentra en una encrucijada, mostrando un panorama complejo donde la aparente contención de la inflación contrasta con un estancamiento productivo que genera creciente preocupación. A 32 meses de iniciado el plan económico del actual gobierno, la pregunta central ya no es solo si se logró dominar la escalada inflacionaria inicial, sino si el país puede salir del punto muerto en el que parece haberse instalado.

Si bien es cierto que la emisión monetaria se redujo y la inflación mensual, que llegó al 25% en diciembre de 2023, mostró una desaceleración, los últimos datos revelan un repunte. En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 2,1% mensual, lo que eleva la inflación interanual al 33,8%. Lejos de ser un éxito rotundo, este escenario se combina con una actividad económica que no logra despegar, configurando un doble desafío que se retroalimenta y profundiza.

El relato oficial buscaba al menos un frente exitoso: si la economía no crecía, que la inflación cediera; o si la inflación persistía, que hubiera crecimiento. Sin embargo, la realidad actual muestra que ninguna de las dos cosas está ocurriendo de manera sostenida. Este ajuste por partida doble no solo genera efectos recesivos, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas implementadas hasta ahora.

Las cifras son elocuentes. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) dibuja un gráfico inestable, y la probabilidad de recesión se mantiene estancada. El sector de la construcción, por ejemplo, sufrió una caída del 39% en el primer semestre de 2024 y apenas recuperó entre el 9% y el 11% de lo perdido. El empleo en este rubro se contrajo un 15%, y una de cada once empresas cerró sus puertas. Actualmente, Argentina cuenta con 241 mil asalariados privados formales menos que al inicio del plan.

Pero quizás el dato más crudo que refleja el impacto en la vida cotidiana de los argentinos es el aumento de la morosidad. Según el Banco Central, la mora del crédito a personas alcanzó el 16,3% en junio, multiplicando por cuatro los niveles de principios de 2024. En el ámbito del crédito no bancario, que incluye fintechs y cuotas de comercios (a menudo la única opción para quienes no califican en bancos), la cifra trepa al 33%, lo que significa que una de cada tres cuotas está impaga. Entre los menores de 30 años, la situación es aún más crítica, llegando al 43% de morosidad. Estamos hablando de casi 6 millones de personas afectadas, una estadística que se traduce en heladeras que dejaron de pagarse o proyectos familiares truncados.

A diferencia de otros planes de estabilización con ancla cambiaria, que suelen generar un «veranito» de consumo a crédito antes del ajuste, el programa actual parece haber omitido esa etapa. Se pasó directamente de una alta inflación a un escenario de desinflación con estancamiento simultáneo. Este doble fracaso sugiere una subestimación, desde el diseño, de los costos y desafíos del segundo tramo del plan.

El país se enfrenta ahora a lo que técnicamente se conoce como «inflación moderada», un estado más estable de lo que parece, donde la inflación persiste sin desbordar pero tampoco cede significativamente. Bajar de tres dígitos a dos es un problema de expectativas que una ancla creíble puede resolver rápidamente. Sin embargo, descender de una inflación moderada a una baja exige desarmar precios y contratos que ya se adaptaron a convivir con un 2% mensual, un desafío que el gobierno parece no haber dimensionado completamente.

La comparación con experiencias históricas es reveladora. Mientras la Convertibilidad, en su mes 32, mostraba una inflación mensual del 0,1%, el plan actual de Milei se mantiene en 2,1%, veintiuna veces más. Otro espejo incómodo es el caso de Israel en 1985, que tras un desplome inflacionario similar, se mantuvo con una inflación anual del 16% al 20% durante seis años, requiriendo acuerdos políticos y cambios de gobierno para finalmente converger a un dígito.

El contexto internacional tampoco favorece. Mientras Israel estabilizó en una década donde el capital fluía hacia los emergentes ordenados, Argentina intenta la misma hazaña en un mundo que se cierra. La política de apertura comercial unilateral del gobierno, con aranceles a la baja y eliminación de permisos de importación, choca con la realidad de países como Estados Unidos, que impuso aranceles del 10% (y 50% en acero y aluminio) a productos argentinos. La alianza política, aunque existente, no elimina las barreras comerciales.

En cuanto a las reservas, si bien las brutas del Banco Central superaron los USD 50.000 millones en agosto, alcanzando el nivel más alto en casi siete años, las reservas netas siguen en rojo, con unos USD 4.400 millones negativos. El tan ansiado salto exportador, impulsado por la energía, se ve limitado por un tipo de cambio real que está un 20% por debajo del nivel de equilibrio estimado por el FMI. Cada dólar que se exhibe en la city puede significar, para el otro lado del mostrador, una fábrica que exporta menos o una pyme que no puede competir.

Ante este escenario, el gobierno se enfrenta a un dilema crucial: relanzar el plan de estabilización con un marco institucional sólido y acuerdos políticos que hoy no posee, o resignarse a administrar un tipo de cambio apreciado y una actividad económica exhausta. Ambos caminos exigen un volumen político que la actual gestión no parece tener, ya que la confianza no se decreta, sino que se construye con método, acuerdos y la capacidad de pedir sacrificios habiendo conservado el capital político inicial.

Fuente original: Infobae