Las autoridades argentinas emitieron una alerta importante para la protección de la infancia y la salud pública. A través de una disposición oficial, se prohibió en todo el territorio nacional la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de ciertos juguetes blandos, conocidos popularmente como “squishies”, especialmente aquellos con forma de gyoza o dumpling.

La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, responde a múltiples denuncias y reportes que vinculan a estos productos con graves riesgos para la salud de los niños. Se encontró que muchos de estos juguetes podrían contener sustancias químicas peligrosas como benceno y ftalatos en concentraciones superiores a las permitidas por la normativa técnica argentina. Estas sustancias son consideradas con potencial cancerígeno y mutagénico, representando un peligro por contacto dérmico o inhalación.

La prohibición alcanza a diversas marcas y versiones genéricas, incluyendo nombres como “Squeezy Duplings” y “Dumpling Squishy”, entre otros. No solo se restringe su venta al público, sino que también se exige a importadores, fabricantes y comerciantes que retiren de inmediato todas las existencias del mercado y procedan a su destrucción o desecho de manera segura, conforme a la legislación vigente. La decisión se fundamenta en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de los consumidores a la protección de su salud y seguridad, y en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Además, la disposición señala que muchos de estos juguetes se ofrecían sin la información o advertencias obligatorias en español, dificultando el conocimiento de sus riesgos. Las autoridades también tomaron en cuenta antecedentes internacionales, como una alerta emitida en el Reino Unido sobre productos similares con alta peligrosidad química. Los vendedores online tienen un plazo de 72 horas para publicar la prohibición de forma destacada en sus sitios web. Sin embargo, se contempla una excepción para aquellos fabricantes, importadores o comercializadores que puedan presentar una declaración jurada y certificaciones que aseguren la total inocuidad del producto y su estricto cumplimiento con las normas de seguridad.

Fuente original: Infobae