El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer la implementación del Programa para la Detección y Bloqueo de telefonía móvil en todos los establecimientos penitenciarios del país. Esta iniciativa se suma a normativas previas, consolidando el esfuerzo por erradicar el uso ilegal de dispositivos móviles tanto en cárceles federales como provinciales.

Según lo establecido en la resolución 806/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a este sistema a través de un convenio específico. El programa tiene como objetivo principal bloquear no solo la línea telefónica, sino también el identificador único del dispositivo (IMEI) y el asociado a la tarjeta SIM (IMSI). De esta manera, se busca dificultar que los internos puedan coordinar actividades ilícitas desde el interior de los penales, incluso si logran cambiar la tarjeta SIM del equipo.

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de coordinar y llevar adelante este programa en las jurisdicciones que decidan adherirse. Para facilitar este proceso, ya se aprobó un modelo de convenio que cada provincia podrá firmar para acceder al sistema nacional de detección y bloqueo de celulares.

El Ministerio de Seguridad de la Nación actuará como una “ventanilla única” para centralizar los pedidos de bloqueo dirigidos a las empresas de telefonía móvil. Esta metodología ya había sido definida en una resolución anterior, indicando que este ministerio sería el punto de contacto para entregar la información de los dispositivos detectados. Las compañías prestadoras tendrán la obligación de proceder al bloqueo en un plazo máximo de 48 horas tras recibir la solicitud formal. Es importante destacar que las provincias no podrán ordenar la inhabilitación directamente a las empresas telefónicas.

Este procedimiento se fundamenta en marcos legales existentes como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos en las cárceles, y resoluciones del ENACOM que detallan las responsabilidades de las prestadoras. El programa busca expandir una estrategia que, hasta ahora, se limitaba al Servicio Penitenciario Federal. Las provincias adheridas deberán cargar diariamente, en un servidor habilitado por el Ministerio, archivos con los IMEI e IMSI detectados en sus penales, organizados por operadora. Además, se realizarán auditorías periódicas para asegurar el cumplimiento del procedimiento y toda la información será manejada bajo estrictas normas de confidencialidad.

Fuente original: Infobae