El ministro de Economía, Luis Caputo, se muestra optimista respecto al futuro económico del país, basando su confianza en una serie de iniciativas que se gestaron en el Palacio de Hacienda. Recientemente, tanto Caputo como el viceministro José Luis Daza adelantaron detalles de dos propuestas significativas que buscan impactar positivamente en el mercado de créditos y en la percepción de la salud financiera de los argentinos.
Una de las principales novedades involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Si bien se había barajado la posibilidad de que el FGS comprara hipotecas para liberar fondos bancarios, una idea impulsada por el sector de la construcción, esta opción fue descartada por Caputo. El ministro explicó que la función del FGS no es adquirir hipotecas de personas físicas. No obstante, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Capital Humano y las entidades bancarias, se está evaluando una alternativa «superadora»: el FGS licitaría plazos fijos de largo plazo, un instrumento escaso en el mercado de capitales argentino, para que los bancos puedan obtener fondeo a largo término y así ofrecer más créditos hipotecarios.
La mecánica sería la siguiente: el FGS convocaría a licitaciones para plazos fijos de distintas duraciones (dos, tres o cinco años, por ejemplo), y los bancos competirían ofreciendo tasas, como UVA + 3% para dos años o UVA + 4% para cinco años. El FGS, en función de las ofertas recibidas, decidiría dónde colocar sus fondos. Esta iniciativa ha sido bien recibida por el sector bancario, que ve en ella una oportunidad para acceder a financiación a largo plazo bajo condiciones competitivas, lo que podría revitalizar el mercado hipotecario en el país.
Otro tema central abordado en la cartera económica es el problema de la mora crediticia. Caputo, en línea con el discurso presidencial, enfatizó la importancia de no confundir la empatía con la política pública. Sostuvo que, aunque el Ministerio monitorea de cerca la situación de los deudores, el Estado no debe utilizar fondos públicos para compensar a los bancos por créditos mal otorgados, dado que se trata de una relación entre privados. No obstante, destacó que los bancos han mostrado buena predisposición, refinanciando deudas a tasas accesibles (entre 20% y 25% a tres años), y que gran parte de los deudores ya están cumpliendo con estos nuevos acuerdos.
En este sentido, el viceministro Daza señaló que una parte considerable del problema de la mora se está resolviendo, con muchos deudores que ya han logrado refinanciar sus obligaciones. Sin embargo, advirtió que las actuales reglas contables impiden que esta mejora se refleje de inmediato en las estadísticas oficiales. Un cliente que empieza a pagar una deuda refinanciada no sale automáticamente de la categoría de moroso, sino que debe cumplir con los pagos durante un período de entre tres y cinco meses, lo que distorsiona la percepción de la verdadera magnitud del problema.
Ante esta situación, el Ministerio de Economía está considerando impulsar cambios en las normativas o metodologías de publicación para transparentar la evolución de la mora crediticia. El objetivo es que los datos reflejen con mayor precisión la cantidad de personas que han regularizado sus deudas, aunque contablemente sigan figurando en la categoría de morosos. Para los datos de morosidad de junio, que se conocerán a fines de agosto, el Gobierno espera ver una leve disminución, estimando una caída de la mora total del 7,7% al 7,6%, y de la mora en familias del 12,8% al 12,7%.
Fuente original: Infobae