La reciente crisis migratoria, que vio la entrada masiva de miles de personas a Ceuta, puso de manifiesto las vulnerabilidades en la capacidad de respuesta de España. A casi tres semanas de la avalancha que desbordó la ciudad autónoma, el debate político se intensificó, centrándose en la defensa del territorio ante posibles ataques, tanto militares como de naturaleza híbrida.
Actualmente, el Estado español ha movilizado hasta 9.000 efectivos entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y personal militar. No obstante, esta cifra no es sostenible a largo plazo, considerando que antes del 30 de julio, la presencia militar en la zona apenas superaba los 3.000 efectivos, incluyendo regulares, legionarios, ingenieros, caballería y artillería.
En este contexto, el Partido Popular (PP) presentó en junio una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, buscando reforzar las capacidades del ejército en los enclaves de Ceuta y Melilla. La propuesta central del PP es la recuperación de dos batallones de la Legión que fueron disueltos hace más de dos décadas: la II Bandera legionaria Carlos V, con sede en Melilla y suprimida en 2006, y la V Bandera Gonzalo Fernández de Córdoba, de Ceuta, depurada en 2007.
Estas unidades fueron eliminadas como parte de una reestructuración del Ejército de Tierra impulsada por el Ministerio de Defensa, entonces liderado por Carme Chacón bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de «modernizar» la estructura militar. Desde aquel entonces, las comandancias de Ceuta y Melilla se encuentran bajo el mando de Canarias. Luis Peral, senador popular en ese momento, ya había criticado la medida, argumentando que la integridad territorial española estaba en riesgo, especialmente frente a las históricas reivindicaciones de Marruecos y el precedente de la Marcha Verde.
A pesar de que el gobierno de Mariano Rajoy no revirtió la situación, el PP reavivó la discusión en 2022, durante la coalición PSOE-Podemos. En aquella ocasión, los senadores Sofía Acedo y Juan José Imbroda, ex presidente de Melilla, consultaron al Ejecutivo sobre su intención de recuperar estos batallones. La respuesta de Moncloa fue un rotundo rechazo, coincidiendo con un giro en la posición española respecto a Marruecos, evidenciado por la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, donde calificaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental como «la base más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.
Cuatro años más tarde, y un mes antes de la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, el PP volvió a insistir en la necesidad de estas unidades. La iniciativa del PP también señala que, según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2024, España cuenta con 122.244 efectivos militares, una cifra por debajo del umbral de 130.000 a 140.000 establecido por la Ley de la carrera militar de 2007. El partido argumenta que la recuperación de estos batallones no solo tendría un impacto organizacional en el Ejército, sino que también fortalecería significativamente las capacidades operativas en los dos vitales enclaves españoles en África.
Fuente original: Infobae