El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades públicas entra en una fase crítica, con gremios, rectorados y estudiantes anunciando una nueva marcha federal. El presidente se negó a pagar las deudas acumuladas por más de 60 instituciones en concepto de salarios y becas, ordenando a la Procuración del Tesoro presentar una queja ante la Corte Suprema.
Francisca Staita, titular de la Conadu Histórica, denunció que Milei ha implementado una política de desfinanciamiento que pone en riesgo la soberanía del conocimiento y el ascenso social. Las universidades argumentan que el gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada por dos tercios de los legisladores.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, advirtió que el desfinanciamiento provoca la fuga de docentes e investigadores, poniendo en peligro la formación de médicos y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Las nuevas medidas de protesta incluyen un paro del 27 al 30 de abril, con demandas de un aumento salarial del 55%.
El gobierno evalúa un plan B para reducir el impacto fiscal, proponiendo una actualización salarial menor y nuevas reglas de rendición de cuentas. Sin embargo, los sindicatos insisten en que el rechazo a cumplir con la ley agravará la crisis. La Procuración del Tesoro debe pagar 2,5 billones de pesos a las universidades según el fallo judicial.
La situación refleja una tensión entre el poder ejecutivo y el judicial, con el gobierno rechazando pagar por falta de recursos. Mientras, los dirigentes universitarios exigen un diálogo inmediato para evitar una escalada social. La falta de solución pone en riesgo no solo la educación, sino también la capacidad del país para enfrentar desafíos futuros.