España está experimentando un auge turístico sin precedentes, camino a romper todos los récords históricos de visitantes. Sin embargo, este éxito rotundo no está exento de controversias y desafíos, especialmente en lo que respecta a la vida de los residentes locales y el acceso a la vivienda.
El fenómeno de la masificación turística está intensificando la crisis habitacional en varias regiones, con el alquiler de viviendas para turistas como principal señalado. Ciudades como Palma, Barcelona, Málaga y San Sebastián han sido escenario de protestas ciudadanas. En Baleares, por ejemplo, el descontento es tal que incluso una plataforma local ha difundido un manual incitando al «sabotaje» de empresas del sector, evidenciando la tensión entre el modelo turístico y la calidad de vida de los habitantes.
Ante esta situación, diversas administraciones han comenzado a implementar medidas para regular el sector. A nivel estatal, se modificó la Ley de Propiedad Horizontal para que los consorcios de vecinos tengan voz en la habilitación de pisos turísticos. Además, hay normativas locales más restrictivas: Barcelona prohibirá los apartamentos turísticos para 2028 e incrementó la tasa, Madrid aplica el Plan Residen para limitar licencias en el centro, y en Canarias se restringieron visitas a espacios naturales y se congelaron nuevas licencias de alquileres turísticos en Baleares.
Pese a las quejas y las medidas regulatorias, el sector turístico es un pilar fundamental de la economía española. El año pasado, el país recibió casi 97 millones de turistas que generaron ingresos por más de 134 mil millones de euros, empleando a 2.75 millones de personas. El desafío, entonces, radica en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico que aporta el turismo y la necesidad de garantizar una convivencia armónica y el derecho a la vivienda para los residentes.
Fuente original: Infobae