La ciudad autónoma de Ceuta, en España, sigue siendo el epicentro de una compleja crisis migratoria que ha cobrado vidas y generado profundas tensiones políticas. Si bien el Gobierno español asegura que unos 73.000 migrantes ya han retornado, alrededor de 2.500 personas aún permanecen en la ciudad, donde la Policía Nacional lleva adelante un proceso de identificación y gestión de solicitudes de asilo, así como la tramitación de devoluciones para ciudadanos marroquíes con peticiones denegadas.

La situación se agrava con el alarmante saldo humano. El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas en el mar, víctimas de los intentos desesperados por alcanzar suelo europeo. Hasta el momento, se han realizado 77 autopsias, logrando identificar a dos de los fallecidos durante la entrada masiva de más de 70.000 personas ocurrida el pasado 30 de julio. Paralelamente, las autoridades observan con inquietud la proliferación de convocatorias en redes sociales que incitan a nuevos intentos de acceso irregular a la ciudad, generando una alerta constante entre las fuerzas de seguridad.

Esta crisis ha trascendido las fronteras españolas, posicionándose como un tema central en la agenda de la Unión Europea. El masivo arribo de migrantes a Ceuta actuó como catalizador para una ofensiva política, liderada por Italia y respaldada por otros 21 países miembros, que exige un endurecimiento de las políticas migratorias comunitarias. Este movimiento revela la consolidación de un bloque de naciones que, a pesar de sus diferencias, comparte una visión común sobre la necesidad de una respuesta más firme ante la inmigración irregular. En este contexto, el Gobierno español ha anunciado una partida adicional de 25 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados.

Desde Madrid, el Gobierno de España insiste en desvincular a Marruecos de la entrada masiva inicial, atribuyendo el origen de la crisis a la difusión «capciosa» de una sentencia judicial sobre devoluciones en frontera. Inicialmente, el presidente Pedro Sánchez señaló a las «mafias», aunque luego el foco se desplazó hacia el rol de las redes sociales en la organización de estos movimientos. La Unión Europea, por su parte, ha modificado su discurso inicial de reproche hacia España, optando ahora por un mensaje de respaldo y concentrando el debate en la lucha contra las redes de tráfico de personas, la desinformación en plataformas digitales y la imperante necesidad de reforzar la cooperación europea para prevenir futuros episodios similares.

Fuente original: Infobae