En una decisión que marca un hito para el sistema judicial dominicano, la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción, ordenó la apertura de un juicio de fondo contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez. Ambos, junto a un grupo de exfuncionarios y varias empresas, están señalados como los cerebros de una red de corrupción que habría desfalcado al Estado a través de una licitación irregular para modernizar la red semafórica de la capital, Santo Domingo.
El Ministerio Público logró que el tribunal aceptara formalmente las acusaciones por delitos graves como corrupción administrativa, asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados. La principal acusación detalla un esquema fraudulento diseñado para adjudicar un contrato multimillonario a la empresa Transcore Latam S.R.L. por un monto que supera los 21 millones de dólares. Si bien la jueza desestimó la calificación de “actos de terrorismo” y “sabotaje” que se solicitaba inicialmente, reconoció el impacto del colapso del sistema informático.
Además de Beras y Gómez, la justicia también envió a juicio a otros exfuncionarios clave del Intrant, quienes presuntamente facilitaron el fraude desde sus roles técnicos y financieros. El caso involucra penalmente a otras seis personas físicas y a siete empresas que habrían actuado como fachadas corporativas. El Intrant, como órgano regulador del transporte y la seguridad vial, es una institución de vital importancia; su control por una red criminal no solo compromete fondos, sino también la seguridad nacional al poder paralizar la ciudad o afectar servicios de emergencia.
A la salida del tribunal, Hugo Beras mantuvo una postura cautelosa, limitándose a expresar: “Que hable la justicia”. Ahora, el expediente será remitido a un tribunal colegiado, que será el encargado de establecer la fecha definitiva para el inicio de las audiencias del juicio de fondo, donde se determinará la culpabilidad o inocencia de los implicados en este resonante caso de corrupción que se planificó y ejecutó entre 2023 y 2024.
Fuente original: Infobae