El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió el polémico paquete de reformas procesales enviadas a la Legislatura, argumentando que no es momento de flexibilizar la política de seguridad. A pesar de que el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que los últimos dos años fueron los menos violentos del siglo en la provincia, críticos sostienen que las propuestas, como la ampliación de facultades policiales y la creación del ‘decreto penal’, violan garantías constitucionales.
Durante un acto de derribo de un inmueble vinculado al narcotráfico, Cococcioni reiteró la necesidad de ‘profundizar el rumbo’ en la lucha contra el delito, aunque expertos como Oscar Blando, exdirector de Reforma Política, alertaron que la reforma incluye herramientas que recuerdan a prácticas de la dictadura, como la detención por averiguación de antecedentes.
El diputado del Frente Amplio, Carlos Del Frade, advirtió que las medidas ‘avanzan hacia un Estado casi fascista’, mientras la abogada Bárbara Reynoso criticó el desequilibrio en el sistema acusatorio, que prioriza funciones policiales sobre controles judiciales. La fiscal general María Cecilia Vranicich señaló, en su informe, que el 46,5% de las muertes violentas en 2024 fueron por suicidio, un dato que no figura en las prioridades del gobierno.
El ministro insistió en que las garantías constitucionales ‘están salvaguardadas’, aunque académicos y defensores de derechos humanos cuestionan que las reformas, lejos de proteger, expongan a grupos vulnerables. La polémica se intensifica en un contexto donde la violencia dolosa cayó a 5,7 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe.
La discusión plantea un dilema: ¿cómo equilibrar la lucha contra el delito con la protección de libertades fundamentales? Mientras el gobierno apuesta por ‘endurecer’ instrumentos legales, la sociedad debe decidir si está dispuesta a pagar el costo de un modelo que, según sus críticos, pone en riesgo la democracia.