El gobierno de Javier Milei avanza en la reconfiguración de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave donde se tramitan casos como la estafa $LIBRA y la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las tensiones políticas rodean la figura de jueces como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados en 2018 por decisiones del expresidente Mauricio Macri.
El Consejo de la Magistratura analiza las ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi, aunque sectores conservadores del Colegio de Abogados de Montevideo intentaron movilizaciones en su apoyo. Sin embargo, el proceso se complicó tras la denuncia de los jueces ante la CIDH, que no dio admisibilidad al caso.
El gobierno de Milei intentó en 2024 un acuerdo de solución amistosa con Bruglia y Bertuzzi, liderado por Alberto Baños, quien fue degradado tras conflictos internos en La Libertad Avanza. Luego, Sebastián Amerio designó a Joaquín Mogaburu, vinculado a Germán Castelli, para reanudar el diálogo con la CIDH.
En el Consejo de la Magistratura, las ternas propuestas por Vanesa Siley, Diego Barroetaveña y Alberto Maques incluyen nombres como Fernando Poviña, Cecilia Incardona y Pablo Yadarola. La terna más votada fue la de Barroetaveña, aunque aún no se define el nombramiento final.
Mientras tanto, Martín Irurzun, próximo a cumplir 75 años, enfrenta incertidumbre sobre su continuidad. El Ministerio de Justicia apunta a designar dos nuevos jueces y abrir un concurso para su reemplazo, tras la experiencia con Víctor Arturo Pesino en el ámbito laboral.
La reconfiguración de la Cámara Federal no solo refleja cambios judiciales, sino también una lucha política que involucra a figuras clave del kirchnerismo y el macrismo, con implicaciones que podrían definir el rumbo del poder judicial en Argentina.