Una nueva propuesta legislativa en España, impulsada por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y replicada en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, ha encendido la alarma entre organizaciones sociales y feministas. La iniciativa busca reconocer al «concebido no nacido» como miembro de la familia a los efectos de recibir ayudas públicas, una medida que, según sus críticos, podría significar un serio retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres y amenazar el derecho al aborto.

La Asamblea de Madrid ya dio luz verde a esta normativa, convirtiendo a la región en la única de España en reconocer con carácter general al no nacido para el cómputo de prestaciones económicas y sociales. Esto implica que las futuras familias podrían acceder a becas de Bachillerato, ayudas para comedor escolar, subvenciones para guarderías privadas, abonos de transporte, subsidios de alquiler para jóvenes y deducciones en el impuesto a la renta por gastos escolares, incluso antes del nacimiento.

Sin embargo, la Federación de Mujeres Progresistas ha calificado la propuesta de «peligrosa», sugiriendo que detrás de ella se esconde la intención de vulnerar la autonomía de las mujeres sobre su maternidad. Yolanda Besteiro, presidenta de la federación, argumenta que defender la vida «desde el minuto cero», como lo expresa Ayuso, es un intento de controlar el cuerpo femenino y, bajo el pretexto de proteger al concebido, limitar o eliminar derechos fundamentales vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo. Besteiro también cuestiona la falta de atención a los niños ya nacidos y a los embriones congelados, señalando una posible imposición de un modelo familiar y una ideología específica.

En la misma línea, la Federación de Mujeres Jóvenes considera la medida un «retroceso» en los derechos sexuales y reproductivos. Advierten que, más allá de las ayudas económicas, la iniciativa representa un cambio simbólico trascendental: el Estado comienza a otorgar al concebido no nacido un rol relevante en las políticas públicas. Para ellas, esto implica que el embarazo deja de ser visto exclusivamente desde la realidad y los derechos de la mujer para incorporar a un «nuevo sujeto» protagonista, lo que podría modificar la percepción social y política sobre el embarazo. Las organizaciones proponen que, si el objetivo es apoyar a las familias y fomentar la natalidad, existen políticas más efectivas como facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la conciliación laboral, garantizar empleos estables y reforzar los servicios públicos de cuidado.

Fuente original: Infobae