Una propuesta del líder del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, encendió la controversia en el país ibérico. El dirigente planteó la posibilidad de que las personas que se encuentren de baja médica cobren un salario menor, argumentando que el “absentismo laboral” representa un “cáncer” para la economía, con un costo anual superior a los 30.000 millones de euros. Sus declaraciones se producen en un contexto donde la Seguridad Social española enfrenta un déficit de aproximadamente 70.000 millones de euros y donde, según sus cifras, más de un millón de personas no acuden a trabajar cada día, con un incremento exponencial de las bajas en la última década.

Feijóo aseguró que impulsará una ley para suprimir los complementos salariales durante los períodos de incapacidad temporal, incluso sin el respaldo de los sindicatos. Recordó que ya abordó esta cuestión en los años 90 cuando estuvo al frente del Insalud, describiendo la situación de entonces como una “fábrica de bajas” donde era complicado que los profesionales de la salud se negaran una licencia entre colegas. Para el líder del PP, un absentismo superior al 4-5% es indicio de un alto porcentaje de fraude, una postura que se alinea con las quejas de la patronal, que desde hace meses denuncia las bajas médicas como un “lastre definitivo” para la productividad.

La respuesta de los sindicatos no se hizo esperar, acusando a Feijóo de “mezclar churras con merinas” con el fin de desacreditar el sistema de salud pública. Pepe Álvarez, representante de Comisiones Obreras (CCOO), enfatizó que el absentismo injustificado ya conlleva sanciones y que es un “disparate” meter en el mismo saco las bajas laborales justificadas, los permisos y las licencias. La discusión pone de manifiesto la tensión entre la búsqueda de eficiencia económica y la defensa de los derechos laborales.

Curiosamente, la propuesta de Feijóo tiene un antecedente en la política española. En 2012, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó un decreto ley que afectaba los complementos de las prestaciones por incapacidad temporal de los funcionarios. Esta medida, que siguió a un recorte de la paga extra de Navidad, equiparaba a los empleados públicos con el régimen del sector privado en caso de baja por enfermedad común o accidente no laboral, donde solo percibían el 60% de su sueldo entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75% a partir del día veintiuno. Las bajas por accidente de trabajo o enfermedad profesional sí mantenían el 100% del salario desde el primer día.

La reforma laboral de Rajoy, calificada entonces como “agresiva” por el ministro de Economía Luis de Guindos, también buscó facilitar y abaratar los despidos. Redujo la indemnización por despido procedente a 20 días por año y modificó las condiciones para los despidos improcedentes. Además, amplió las causas de despido objetivo, incluyendo la acumulación de ausencias justificadas pero intermitentes que superaran ciertos porcentajes en períodos específicos.

Si bien esta legislación no introdujo despidos directos por bajas médicas, sí los facilitó al ampararlos bajo el supuesto de la acumulación y la intermitencia de ausencias. Sin embargo, en 2020, una de las primeras acciones del Ministerio de Trabajo del primer gobierno de Pedro Sánchez fue derogar esta ley, volviendo a considerar este tipo de despidos como improcedentes, lo que demuestra la fluctuante naturaleza de las políticas laborales en España.

Fuente original: Infobae