Una nueva controversia judicial sacude la política peruana. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público ha presentado una denuncia penal contra nueve personas, entre ellas figuras conocidas como Antauro Humala, Claudia Cisneros y Hernando Cevallos. Se los acusa de la presunta comisión del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, en el contexto de las movilizaciones que se desarrollaron luego de las pasadas elecciones generales.
La denuncia no solo apunta a los mencionados, sino que también incluye a César Hugo Tito Rojas, Lucio Ccallo Ccallata, Pavel Yábar Gonzales, Andrea Lía Valderrama Campos, Elizabeth Flores y Luz del Carmen Bazalar Miranda. El documento ya fue remitido al Ministerio Público, que ahora deberá evaluar si existen elementos suficientes para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades penales.
Según lo informado por la Procuraduría, la denuncia se fundamenta en una serie de elementos probatorios. Entre ellos, se destacan informes proporcionados por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, registros de publicaciones difundidas en diversas plataformas digitales y reportes técnicos emitidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todos estos antecedentes serán analizados por la Fiscalía durante la etapa preliminar del proceso.
Frente a esta situación, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, expresó su enérgico rechazo a la acción de la Procuraduría. A través de sus redes sociales, defendió las movilizaciones promovidas por su organización política, señalando que la denuncia alcanza a dirigentes políticos, representantes sociales y ciudadanos que participaron en protestas convocadas “en defensa de la democracia y de la voluntad popular”. Sánchez enfatizó que “defender el voto ciudadano y la soberanía popular no es delito” y que “la protesta pacífica es un derecho constitucional”.
El futuro de esta denuncia está ahora en manos del Ministerio Público, que será el encargado de determinar si existen los méritos necesarios para iniciar diligencias preliminares y avanzar con la investigación contra las nueve personas involucradas en este caso que genera debate en la escena política peruana.
Fuente original: Infobae