El organismo electoral peruano está a horas de completar el conteo oficial de votos de la primera vuelta presidencial. Con el 99,998% de las actas procesadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prácticamente confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los candidatos que se enfrentarán en el ballotage. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya fijó el domingo 17 de mayo al mediodía como fecha para la proclamación oficial de los resultados.
La jornada electoral mostró una importante concurrencia ciudadana, con más del 73% de participación según los datos oficiales. Sin embargo, el panorama político quedó marcado por una fuerte fragmentación del voto y una generalizada desconfianza hacia las instituciones, lo que se tradujo en una distribución muy repartida de los sufragios entre los principales postulantes.
Con los números actuales, Fujimori —apoyada principalmente por centros urbanos y sectores vinculados al mundo empresarial— lidera con el 17,18% de los votos válidos. Lo sigue Sánchez, de la coalición Juntos por el Perú, con el 12,03%, mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quedó tercero con el 11,9%, fuera de la segunda vuelta.
En este contexto, López Aliaga salió al cruce del proceso electoral. Desde un acto público realizado en la avenida La Peruanidad, el candidato de Renovación Popular lanzó fuertes acusaciones contra sectores políticos a los que señaló de querer controlar el país para apropiarse de los fondos de las reservas nacionales, valuados en 6.000 millones de dólares. Su discurso marcó el tono de una manifestación partidaria en la que también se cuestionó la transparencia del escrutinio.
En paralelo, Renovación Popular impulsó pedidos de nulidad de diversas actas electorales, aunque esos planteos enfrentan serios obstáculos legales. Especialistas en derecho electoral señalaron que el partido no contó con fiscales en determinadas mesas que funcionaron fuera del horario habitual, algo que el JNE avaló según la normativa en vigor. Asimismo, el uso de las llamadas «mesas 900.000» en zonas de acceso difícil fue considerado completamente válido, ya que se trata de una práctica habitual desde 2006 supervisada por las fuerzas armadas.
Tanto el JNE como juristas especializados coincidieron en que las anomalías detectadas no tienen peso suficiente para ser calificadas como fraude electoral. El experto José Tello Alfaro precisó que, si bien ciertas irregularidades podrían haber limitado la participación de algunos votantes, no representan una causal válida para anular la elección ni para alterar el calendario vigente. Solo una reforma constitucional podría, según su análisis, modificar el mandato actual.
El miércoles, el JNE emitió 13 resoluciones rechazando las apelaciones presentadas por Renovación Popular respecto a las actas impugnadas. Con estas decisiones, el organismo electoral reforzó la validez del proceso y despejó el camino para que la proclamación de resultados se lleve a cabo según lo previsto.
Fuente original: Infobae