El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España se encuentra analizando si desestima una denuncia presentada contra el juez Juan Carlos Peinado. La queja surge a raíz de unas controvertidas declaraciones del magistrado, quien sugirió que los escoltas de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, podrían haber colaborado en una eventual fuga del país.
Este martes, la comisión permanente del CGPJ tiene previsto estudiar la propuesta de archivar la queja. El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, considera que no hay elementos que configuren una infracción por parte del juez Peinado, lo que allanaría el camino para que el caso sea cerrado sin consecuencias para el magistrado.
Hace aproximadamente un mes, la misma comisión había decidido que Conde investigara si Peinado incurrió en una «falta grave de consideración» o un «exceso o abuso de autoridad» con sus comentarios. Esta decisión se tomó con el voto de los miembros progresistas del Consejo y el voto de calidad de la presidenta, mientras que los vocales conservadores argumentaron que cualquier revisión de las resoluciones de Peinado debía seguir la vía de recursos ordinarios ante la Audiencia Provincial de Madrid, y no ser competencia del CGPJ.
La postura del promotor disciplinario se alinea con la de los conservadores, al sostener que el CGPJ solo debe intervenir en casos de expresiones judiciales inapropiadas si existe una comunicación o testimonio de un tribunal superior que esté revisando el caso en apelación. Las declaraciones que generaron la controversia fueron emitidas por el juez Peinado en el auto donde imputó a Begoña Gómez y ordenó la retención de su pasaporte, indicando que «no cabe duda» de que sus escoltas «pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga».
Estas afirmaciones provocaron una queja formal por parte del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska. El ministro solicitó a la presidenta del CGPJ que tomara las medidas pertinentes, alegando un «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» por parte del juez Peinado.
Fuente original: Infobae