Un grupo de siete organizaciones de la sociedad civil ha levantado la voz ante el Congreso Nacional, instando a los senadores a preservar la obligatoriedad de los debates presidenciales dentro del proyecto de Reforma Electoral Integral. La iniciativa legislativa, identificada como PE-102/26 y que comenzará a ser tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, propone una modificación en su artículo 30 que eliminaría los apartados del Código Electoral Nacional dedicados a estos encuentros clave entre candidatos.

Según advirtieron las ONGs en un comunicado conjunto, si se aprueba la redacción actual, quedarían fuera de la normativa los artículos que garantizan la realización, organización y transmisión de los debates presidenciales. Entidades como Club Político Argentino, Poder Ciudadano y Fundación Avina, entre otras, enfatizaron que la institución del debate no es un privilegio de los aspirantes a la Casa Rosada, sino un derecho fundamental de la ciudadanía para acceder a información directa y comparar las propuestas de quienes buscan gobernar el país.

La Ley 27.337, sancionada en 2016, estableció la obligatoriedad de estos debates, transformándolos en una regla ineludible del proceso electoral argentino. Las organizaciones recalcaron que, aunque se debata la eliminación o modificación de las PASO, esto no debería derivar en la supresión de los debates. Insisten en que la ley debe adaptarse para mantener el criterio de participación sin afectar la esencia de un mecanismo que permite a los votantes escuchar, interpelar y contrastar las visiones de los candidatos en un mismo espacio, de forma pública y accesible.

Finalmente, las ONGs argumentaron que los debates fortalecen la rendición de cuentas, ya que obligan a los candidatos a explicitar sus posiciones y compromisos, dejando un registro que la ciudadanía puede fiscalizar durante el ejercicio del gobierno. Subrayaron que una reforma electoral debe ir más allá de los aspectos técnicos y enfocarse en reforzar el derecho de los ciudadanos a votar de manera informada, asegurando así la calidad de la cultura cívica y democrática de la Argentina.

Fuente original: Clarín