Mientras México se alista para ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, una polémica creciente sacude al país. Organizaciones civiles alertan que las estrictas medidas de seguridad y vigilancia implementadas para el torneo podrían quedarse de forma permanente, desviando recursos vitales de la urgente búsqueda de más de 135.000 personas desaparecidas.

Un informe reciente, titulado “Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026”, detalla cómo se han fortalecido las capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades anfitrionas. El documento denuncia patrones de represión de la protesta, restricciones en el espacio público y un control territorial que preocupa a los defensores de derechos humanos, quienes temen que estas flexibilizaciones en las garantías no tengan vuelta atrás.

Uno de los hallazgos más impactantes se registró en Jalisco, donde el presupuesto destinado al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) se disparó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1.345 millones de pesos para 2026, mayoritariamente para videovigilancia y tecnología de monitoreo. Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), criticó duramente esta priorización: «Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose, el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas», recordando que Jalisco lidera la lista nacional de personas desaparecidas desde 2019.

Además del gasto excesivo en vigilancia, las organizaciones documentaron 50 registros de 21 episodios de protesta entre el 1 y el 30 de junio, con una fuerte presencia de agentes estatales y policías de civil. Se advierte sobre una estrategia discursiva que busca minimizar la gravedad del uso de la fuerza y la preocupación de que estas medidas sean un «laboratorio» para observar la tolerancia social ante la represión.

Este panorama se agrava con la crisis humanitaria que enfrenta México. Paralelamente al informe, Amnistía Internacional y otros colectivos pidieron a la Asamblea General de la ONU la creación de un «mecanismo extraordinario» para abordar la situación de los más de 135.000 desaparecidos y 72.000 restos sin identificar. La tensión es evidente: mientras el Estado invierte en infraestructura de monitoreo, la respuesta para encontrar a miles de personas sigue siendo insuficiente.

Fuente original: Infobae