La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Andrea Bolaños Vargas, emitió una contundente crítica contra la reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México en relación con el emblemático caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Bolaños Vargas instó a las autoridades mexicanas a «cesar toda estigmatización y descrédito» hacia las organizaciones civiles y los defensores de derechos humanos. Estas agrupaciones han sido un pilar fundamental en el acompañamiento a los padres de los estudiantes desaparecidos desde el trágico suceso ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La experta de la ONU se suma a una serie de voces que condenaron el pronunciamiento de la CNDH, ya que, según se argumenta, exime al Ejército Mexicano de responsabilidades, a pesar de que diecisiete integrantes de las Fuerzas Armadas están actualmente procesados por estos hechos.
Desde su cuenta en X, la relatora de la ONU manifestó su preocupación por la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, firmada por Rosario Piedra Ibarra, señalando que el documento «deslegitima» explícitamente el trabajo de las organizaciones civiles que han apoyado a las familias de las víctimas. Además, advirtió que esta postura desacredita los valiosos aportes de instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República, todos ellos fundamentales en el esclarecimiento y la investigación del caso.
La especialista colombiana enfatizó la obligación de los Estados de proteger el derecho a promover y defender los derechos humanos, actuando con celeridad ante cualquier intento de estigmatización o criminalización de quienes ejercen esta labor. En este sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que respeten el trabajo de los defensores, pongan fin a cualquier forma de descrédito y garanticen un entorno seguro y propicio para el desarrollo de sus actividades.
La polémica recomendación de la CNDH, que incluso acuñó el término «antiverdad» para descalificar a quienes señalaron la participación de autoridades en las desapariciones forzadas, fue seguida por una «nota aclaratoria» de la misma comisión. Sin embargo, esta nota no corrigió la postura sobre el rol de los militares, sino que arremetió contra expertos que denunciaron el objetivo de la recomendación de proteger a funcionarios imputados por graves violaciones a los derechos humanos, elevando el caso a una cuestión de relevancia internacional.
Fuente original: Infobae