El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés) modificó sus criterios para remitir casos de desnaturalización . La guía contempla situaciones de fraude, obtención ilegal de la ciudadanía, delitos graves y amenazas a la seguridad nacional.

El Uscis actualizó el 14 de septiembre sus procedimientos para identificar y remitir casos en los que podría solicitarse la revocación de la ciudadanía estadounidense obtenida mediante naturalización. La modificación está contenida en la alerta de política PA-2026-13 y tiene aplicación inmediata.

La desnaturalización no significa que la agencia pueda quitar directamente la ciudadanía. El Uscis analiza los antecedentes y, cuando corresponde, remite el expediente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) o al Departamento de Justicia ( DOJ , por sus siglas en inglés) para que el caso sea llevado ante un tribunal federal.

La Sección 340 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés) contempla como una de las principales causas la obtención ilegal de la naturalización . Esto ocurre cuando una persona no reunía alguno de los requisitos exigidos al momento de convertirse en ciudadana, como residencia continua, presencia física, admisión legal como residente permanente o buen carácter moral.

Otra causal está relacionada con el ocultamiento deliberado de información o la falsificación de datos relevantes . Las irregularidades pueden encontrarse en el formulario N-400, durante la entrevista de naturalización o en documentos presentados ante las autoridades.

La normativa también contempla determinadas situaciones vinculadas con el servicio militar y la afiliación a organizaciones prohibidas durante los cinco años posteriores a la naturalización . En estos casos, la existencia de una causal debe ser evaluada dentro del procedimiento correspondiente.

La nueva guía establece categorías para ordenar las remisiones , entre ellas aparecen:

La lista incorpora además posibles fraudes de identidad , reclamos falsos de ciudadanía, participación ilegal en elecciones federales antes de la naturalización y matrimonios fraudulentos utilizados para obtener beneficios migratorios.

De acuerdo con la información oficial , el Uscis puede detectar posibles irregularidades durante la evaluación de trámites posteriores. Por ejemplo, cuando analiza una petición familiar mediante el formulario I-130 o una solicitud relacionada el N-600 , puede revisar si la persona que obtuvo la ciudadanía cumplió los requisitos legales para hacerlo.

La agencia también utiliza registros migratorios, sistemas de detección de fraude y bases históricas de huellas dactilares. Entre las herramientas mencionadas se encuentra el proyecto Historical Fingerprint Enrollment , relacionado con la denominada Operación Janus , que permite comparar registros antiguos con información migratoria.

Sin embargo, la revisión administrativa no equivale a una revocación. Para una desnaturalización civil, el gobierno debe acudir a un tribunal federal y demostrar que se cumplen los requisitos legales y probatorios establecidos .

En la vía civil prevista por la INA, el DOJ debe demostrar el caso mediante evidencia clara, convincente e inequívoca . Este procedimiento no tiene un plazo general de prescripción, por lo que pueden analizarse procesos de naturalización realizados años o incluso décadas atrás.

Existe además una vía penal bajo el 18 U.S.C. § 1425, que requiere una condena y un estándar de prueba de más allá de toda duda razonable . En este supuesto existe un período de prescripción de diez años.

Si un tribunal determina que corresponde revocar la ciudadanía, el efecto se remonta a la fecha original de naturalización. La decisión también puede generar una revisión de beneficios migratorios obtenidos por otras personas mediante el ciudadano desnaturalizado.

A comienzos de agosto del año en curso, el Departamento de Justicia anunció 25 nuevas demandas civiles contra personas acusadas de irregularidades que incluían delitos graves, abuso de menores y suplantación de identidad. Con ese grupo, el número de demandas civiles presentadas desde el 20 de enero de 2025 llegó a 123 , según los datos incluidos en la información oficial .

El incremento se relacionó con una directiva del DOJ emitida en junio del año pasado, que estableció la desnaturalización como una prioridad de cumplimiento civil . A esto se sumaron nuevas revisiones de registros históricos y mecanismos de detección de posibles fraudes.

Los datos también indicaron que cerca del 66,27% de las demandas civiles se fundamentaron en la obtención ilegal de la naturalización o en el ocultamiento de hechos materiales y falsificaciones deliberadas. Entre los expedientes aparecen casos relacionados con identidades falsas y antecedentes penales que no fueron declarados durante el proceso de ciudadanía.

Fuente original: La Nación

Fuente original: La Nación